Problemas en el municipio más rico de España, Pozuelo de Alarcón (Madrid). Los vecinos y trabajadores de la zona han decidido ganar terreno a la naturaleza para mejorar el acceso y condiciones de sus viviendas o lugares de trabajo y eso genera problemas con el ayuntamiento.

El consistorio amenaza con multar a una inmobiliaria por cortar un cedro de casi 200 años para construir 14 chalés. Todo porque sospecha que Lezo Gestión Inmobiliaria habría podido mentir a la hora de justificar la retirada del árbol.

Por dos chalés

La constructora quiso construir 14 chalés en una parcela de 3.546 metros cuadrados, aunque el ayuntamiento sólo permitió 12. La ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano protegía el cedro centenario que estaba en el extremo de la finca.

La empresa justificó en enero de este año que el árbol se cayó por el viento y presentó un informe de un perito privado que apostaba por la necesidad de retirarlo. Ahora, la gerencia municipal de urbanismo ha presentado varios informes técnicos, apoyados por datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sostienen que los factores climatológicos no pudieron derribar el árbol, sino que fue talado.

Dos versiones

El portavoz del consistorio informa que "en la tramitación de la licencia urbanística aportaron un documento técnico de peritos privados justificando los motivos por los que se desapareció el ejemplar". Por ello “se ha incoado un expediente sancionador, el cual está pendiente de resolver ya que los propietarios afectados han solicitado ampliación de plazo para presentar alegaciones".

La empresa niega la mayor, sostiene que fue por el viento como alertaron en su día porque las raíces se encontraban en terreno irregular y que propusieron trasplantar el árbol. Con todo, considera desproporcionada la multa.

Multa

"En la incoación del expediente sancionador hay discrepancias entre ese informe y las consideraciones de los técnicos municipales”, sostiene la Administración que le pide a la empresa 256.000 euros. No es la primera que pone pero sí la más elevada hasta la fecha.

La gerencia municipal de urbanismo ya ha incoado unos 40 expedientes por tala irregular de árboles. Está realizando un control exhaustivo de las licencias de obras que se piden y ya una empresa holandesa ha pagado 17.400 euros por talar indebidamente tres árboles en una obra.