Comisiones económicas a cambio de información privilegiada. Ese es el pacto que ofrecen algunas inmobiliarias a porteros de importantes fincas de Barcelona. El objetivo es claro: anticiparse a la competencia a la hora de adquirir un inmueble.
Según explican fuentes afectadas por estas prácticas, es algo habitual. Explican que hay acuerdos que son verbales, mientras que otras compañías ofrecen un contrato de colaboración, como el caso de Chrysol Value Real Estate. Crónica Global ha tenido acceso a un ejemplar.
El problema es que los conserjes, que aprovechan su posición para acceder a comunicaciones inéditas, se encuentran con serios problemas para recibir el dinero. O bien porque el compromiso era de palabra, o bien porque tienen que hacer una factura.
Visitas de agentes inmobiliarios
El modus operandi es claro. Las voces consultadas relatan que acostumbran a ser "comerciales muy jóvenes que están desesperados por encontrar inmuebles". Acostumbran a pasar de "portería en portería" con el objetivo de ofrecer "comisiones de entre 1.000 y 3.000 euros si les facilitan información de pisos en venta o alquiler".
Una fotografía de archivo de una vivienda en alquiler
El salario por la prestación de servicios como portero en una finca no es alto, de ahí que algunos opten por "sacarse un sobresueldo". Una de las voces, que afirma haber rechazado la oferta de Chrysol, admite que se trata de "una práctica deshonesta, pues no queda bien con la comunidad de vecinos".
Contrato de colaboración
El documento al que ha tenido acceso Crónica Global es un contrato de colaboración extendido por un agente de la inmobiliaria Chrysol, con sede en Barcelona y en Madrid. Se trata de un formulario estándar, con espacio en blanco, titulado como "acuerdo de colaboración comercialización".
Bajo este acuerdo, el firmante declara estar "interesado en prestar servicios de colaboración en la intermediación de propiedades inmobiliarias en venta". En este marco, acuerdan "compartir información confidencial sobre clientes o productos de interés recíproco para cerrar operaciones de venta, alquiler o captación".
Una foto de archivo de un bloque de viviendas
Se especifica que la colaboración se centrará en el desarrollo de la actividad mediadora en una finca determinada, así como se establecen unos honorarios del 0,1% del precio de venta fijado en la escritura del inmueble si el colaborador facilita su captación.
La inmobiliaria se compromete a pagar la comisión en un plazo máximo de 72 horas tras recibir el pago del cliente. No obstante, la transferencia queda supeditada a "la entrega de la correspondiente factura" por parte del colaborador.
La mencionada compañía ha sido consultada por esta cuestión. No obstante, ha optado por no atender a las preguntas formuladas.
El laberinto burocrático
La realidad es que este contrato, preparado para rellenar los huecos en blanco, presenta dos elementos llamativos. Por una parte, el hecho de tener que emitir una factura. De por sí, un portero no tiene medios para llevar a cabo esta acción, salvo que se dé de alta como autónomo. De lo contrario, podría incurrir en una infracción tributaria.
El segundo es que este documento está amparado bajo la Ley 15/1999 de Protección de Datos. No obstante, esta normativa está derogada desde el 5 de diciembre de 2018, tras ser sustituida por la Ley Orgánica 3/2018 para adaptarla al reglamento europeo.
Frustración silenciosa
El incentivo económico actúa como principal cebo para los empleados de las fincas, cuyos salarios suelen ser ajustados. Según relata un confidente, las inmobiliarias abordan a los conserjes de forma muy discreta para ofrecerles acuerdos al margen de la comunidad: "Aquí las agencias vienen, te hablan en voz baja y te dicen que te ofrecerán el oro y el moro y que esto queda entre ellos".
La avenida Pau Casals en Barcelona
Prometen incentivos que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros por chivatazo, pero la realidad tras cerrar la operación suele ser muy distinta. "Hay gente que entra en el juego para llevarse la comisión y luego se encuentran las sorpresas de que no pagan o se olvidan de todo", lamenta el testimoniante.
La falta de garantías, sumada al riesgo laboral, mantiene estas prácticas bajo una estricta ley del silencio en las zonas nobles de Barcelona. Aunque el descontento existe entre quienes han sufrido impagos, romper el hermetismo resulta sumamente complejo. "Es muy difícil que alguien confiese realmente estas acciones, porque no es nada bonito de cara a su puesto de trabajo si la comunidad se entera", concluye la fuente.