Los trabajadores de las empresas de montaje y mantenimiento eléctrico que prestan servicios para Endesa en Cataluña prevén convocar una semana de huelga en diciembre, con paros de cuatro horas diarias, si la compañía y las contratistas no se comprometen a abrir una mesa de diálogo que permita abordar los problemas laborales del sector.
El conflicto afecta a las plantillas de Grupo Cobra, Elecnor, Dominion, Comsa, Lymet y Semi.
Según CCOO, las principales reivindicaciones son reforzar la formación y la cualificación profesional, garantizar el relevo generacional, mejorar las condiciones económicas y adoptar medidas efectivas para reducir la siniestralidad y los excesos de jornada.
Los sindicatos advierten de que los paros podrían retrasar trabajos de mantenimiento y la resolución de averías que afectan tanto a particulares como a la industria.
La movilización coincidiría con los días previos a Navidad, un periodo de especial actividad comercial, logística y de transporte. Su alcance dependerá también de los servicios mínimos que se establezcan.
Reuniones
Según las fuentes sindicales consultadas, desde la huelga de junio de 2025 se han celebrado varias reuniones, sin que se haya conseguido constituir una mesa de diálogo sectorial con capacidad para negociar compromisos concretos.
Antes de concretar la convocatoria, CCOO y UGT celebrarán una asamblea conjunta en la que prevén contar con representantes de ERC, PSC y Comuns, y a la que también invitarán al Departament de Treball. El objetivo es trasladar la situación de las plantillas y reclamar la implicación de las empresas y de las administraciones.
Trabajadores de Elecnor
Los representantes sindicales sostienen que la huelga es el último recurso ante la falta de avances. Si Endesa y las seis contratistas mantienen su negativa a abrir una negociación, aseguran que llevarán adelante los paros.
El sindicato considera que Endesa, como empresa principal, debe asumir un papel activo en la solución del conflicto y que su intervención debe ir más allá de la licitación de los contratos.
Antonia Miñana, responsable de Política Industrial de CCOO d’Indústria de Catalunya, reclama que "la compañía se implique en garantizar unas condiciones de trabajo seguras y una protección efectiva de la salud de las personas que trabajan en sus contratas".
Conflicto
Las fuentes sindicales sitúan el origen del conflicto en un modelo de externalización que acumula una elevada carga de trabajo sobre unas plantillas insuficientes y envejecidas. Según explican, los equipos trabajan al límite de su capacidad, mientras resulta cada vez más difícil incorporar personal cualificado.
La edad media de las plantillas supera los 50 años y una parte importante de los profesionales más veteranos se jubilará en los próximos años. Los sindicatos reclaman planificación para asegurar la transmisión de conocimientos y la incorporación de nuevas generaciones.
Vista de una torre de alta tensión en Madrid
A esta situación se suma la diversidad de condiciones laborales. En Cataluña existen cuatro convenios provinciales de referencia, además de acuerdos y condiciones propios de las empresas. Según los representantes de los trabajadores, esto provoca que profesionales que realizan tareas equivalentes para una misma empresa principal tengan condiciones distintas.
En materia salarial, los sindicatos reclaman mejoras en los complementos y advierten de que las horas extraordinarias se han convertido para muchos trabajadores en una vía habitual para aumentar sus ingresos. Consideran necesario abordar conjuntamente la remuneración, la organización del trabajo y la contratación de personal.
La seguridad, en el centro
Según el informe del Departament de Treball citado por los sindicatos, la actividad presenta una elevada siniestralidad, con indicadores que superan los de la construcción y los del conjunto de la industria.
Las organizaciones sindicales relacionan esta situación con la peligrosidad de los trabajos, la sobrecarga de jornada, el envejecimiento de las plantillas y la falta de personal cualificado. También denuncian excesos de horas extraordinarias que, según sostienen, superan los límites legales.
Los profesionales del sector realizan tareas de montaje, mantenimiento preventivo, sustitución de componentes y atención de averías en instalaciones eléctricas. Su trabajo resulta esencial para la continuidad y la seguridad del suministro.
Por ello, los sindicatos defienden que el refuerzo de las redes, necesario para la tan cacareada transición energética y la descarbonización industrial, debe ir acompañado de personal, formación adecuada y condiciones laborales seguras.
La posición de Endesa
Endesa ha defendido en otras ocasiones que las empresas de mantenimiento que colaboran con ella son compañías independientes, responsables de sus propias relaciones laborales.
Fuentes de la compañía han recordado a este medio el aumento de la inversión y de los recursos para este año y el próximo. A finales de mayo, Endesa anunció que invertirá 264,5 millones de euros en la red de Cataluña en 2026, un 25,6% más que el año pasado y, según la empresa, el máximo que permite la regulación actual, de los que 75,2 millones son para mantenimiento.
Su plan estratégico 2026-2028 reserva 5.500 millones a reforzar la red eléctrica, hasta un 40% más que en el plan anterior, un aumento que la compañía condiciona a que las condiciones regulatorias y los límites de inversión lo permitan.
Segundo parón
Los días 17 y 18 de junio de 2025, las plantillas del sector ya fueron a la huelga ante la negativa de las empresas a negociar una propuesta de mejoras laborales. CCOO cifró entonces el seguimiento en un 96%.
La movilización tuvo lugar después de que un trabajador de 62 años falleciera en Rufea, en Lleida, mientras realizaba tareas de mantenimiento en una línea de media tensión. El sindicato vinculó aquel accidente con la necesidad de reforzar la prevención y abordar el envejecimiento de las plantillas.
Al tratarse de una actividad esencial, la Generalitat ha establecido servicios mínimos en anteriores conflictos. Según las fuentes sindicales, durante la huelga de 2025 hubo discrepancias con varias empresas sobre su aplicación, después de que Treball planteara que prestara servicio el 30% del personal dedicado a averías.