Nuevo frente de batalla en el particular annus horribilis de la industria cárnica en Cataluña. En este caso, el protagonismo recae en el segmento de los auxiliares de inspección veterinaria que prestan servicio en los mataderos de todo el territorio. La licitación del nuevo contrato de servicios, a cargo del Departamento de Salud de la Generalitat, ha generado una profunda incertidumbre entre los profesionales al no incluir la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que se impongan en el concurso.
De la incertidumbre se ha pasado al malestar cuando la Administración ha seguido adelante con el proceso pese a las reivindicaciones de los auxiliares de que la licitación se postergue hasta la firma del nuevo convenio del sector, actualmente en fase de negociaciones. La tensión se ha elevado hasta la amenaza de un paro total por parte de los trabajadores.
Será ésta la medida a tomar si el resultado de la reunión que tienen previsto mantener en las próximas horas con Salud no les asegura la paralización del proceso licitador. O bien, el cambio de las condiciones del pliego para que incluya la subrogación.
El cese de la actividad de los auxiliares de inspección derivaría en la práctica paralización de los mataderos, dado que los veterinarios no tendrían la capacidad de expedir los certificados correspondientes que garantizan la aptitud del ganado.
Jamones de Vall Companys
Tras la licitación del contrato, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de enero, los auxiliares instaron a la Generalitat a posponer el proceso hasta la firma del convenio colectivo del sector cárnico, que actualmente se negocia. El motivo reside en que tanto sindicatos como patronales están de acuerdo en que el documento incluya la subrogación obligatoria de los trabajadores en el caso de cambios en las empresas prestatarias de los servicios.
El pliego de condiciones del contrato motivo de la controversia no contempla este extremo. Y además, establece como marco normativo general el convenio aún vigente, que tampoco lo incluye.
Compromiso escrito o huelga
Sin embargo, Salud no ha detenido el proceso, que ya se encuentra en una fase avanzada. El plazo para la recepción de ofertas finalizó la pasada semana. Sobre el papel, la Administración debería haber procedido a la comunicación de las empresas licitadoras. Algo que, hasta el momento, no ha procedido a hacer.
Ante tal escenario, los auxiliares de inspección veterinaria han puesto pie en pared. De la inminente reunión esperan salir con un compromiso por escrito que les asegure la paralización de la licitación o el cambio en los pliegos para introducir en ellos la subrogación. De lo contrario, la decisión ya está tomada: irán a la huelga de inmediato, una vez finalicen los trámites pertinentes de aprobación de la medida en las asambleas y comunicaciones administrativas.
Como alternativa, el colectivo propone la formalización de un contrato de urgencia hasta que se resuelva la negociación del convenio, con el fin de asegurar la prestación del servicio. Tal y como se ha llevado a cabo en anteriores ocasiones.
Actualmente, el servicio de auxiliares de inspección veterinaria lo presta la compañía Appeal Agrifood en las cuatro zonas delimitadas a estos efectos: Barcelona, Lleida, Girona y Cataluña Central. En ningún caso podrá repetirse esta situación dado que el pliego de condiciones establece en este caso una limitación de dos lotes como máximo.
De modo que la entrada de, al menos, otra empresa del sector es inevitable. De ahí la inquietud de los auxiliares, ante la posibilidad de que el nuevo o nuevos operadores les hagan perder tanto la antigüedad como los pluses que una parte de los trabajadores poseen en virtud de los contratos firmados en su día.
A esta situación se suman las tensiones generadas por la citada negociación del convenio de Industrias Cárnicas, que ya ha derivado en una convocatoria de huelga, prevista para el periodo entre el 9 y el 14 de noviembre.
El efecto de la PPA
En este caso, los puntos de fricción entre trabajadores y patronales se basan en mejoras salariales, reducción de la jornada, flexibilidad, pluses, permisos retribuidos, etc.
Todo ello en un ejercicio que ha venido marcado por los efectos de la peste porcina africana (PPA) detectada a finales del pasado año en el entorno de Collserola. La consecuencia más llamativa ha sido una considerable reducción de exportaciones a países fuera de la Unión Europea, debido a las restricciones impuestas por la posible afectación del virus.