A finales de septiembre, el titular del Tribunal de Instancia e Instrucción número 21 de Barcelona recibió un escrito en el que se alertaba de un presunto fraude vinculado a una inversión en petróleo que afectaba a varios nombres de la burguesía catalana.
Aquel escrito dio origen al 'caso petróleo', un procedimiento judicial que trata de esclarecer el paradero de más de siete millones de euros que los inversores confiaron al financiero Marc Armadans y a su socio, un miembro de la familia Sanahuja, quien habría utilizado su influencia para captar inversores.
Entre 50 y 100 perjudicados
Según fuentes conocedoras del caso, lo que empezó como un negocio entre dos amigos fue ampliándose hasta reunir entre 50 y 100 inversores.
Los problemas afloraron cuando los participantes intentaron recuperar sus aportaciones y no obtuvieron el dinero. La inquietud dio paso a las reclamaciones y, finalmente, a la advertencia de acudir a los tribunales.
De hecho, tal y como adelantó Crónica Global, a finales de septiembre un grupo de afectados concedió un plazo de cinco días hábiles a la dupla Armadans-Sanahuja para que aclarasen el paradero del dinero.
De no hacerlo, sus abogados ya advirtieron de que emprenderían acciones penales, personándose en el procedimiento que ya obra en manos del juez de la plaza 21.
Fachada de la Ciudad de la Justicia
¿Víctima o verdugo?
La primera iniciativa judicial partió, precisamente, del miembro de la familia Sanahuja, que se presentó como otro perjudicado por las inversiones gestionadas por Armadans.
No obstante, según apuntaron fuentes conocedoras, su escrito no planteaba directamente una acusación por presunta estafa. Se trataría más bien de una exposición de los hechos destinada a averiguar el paradero de los siete millones invertidos en la plataforma de trading FxPro.
El objetivo sería reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los hechos podían encajar en delitos como la administración desleal, la apropiación indebida u otros ilícitos económicos.
Marc Armadans, el logo de FXPro y la plaza Francesc Macià de Barcelona
Sin embargo, su iniciativa no ha disipado las sospechas de otros inversores: pese a haber dado la primera alerta judicial, algunos perjudicados también lo señalan como partícipe del supuesto engaño.
El germen del conflicto
Según las fuentes consultadas por este medio, el conflicto gira en torno a los fondos que diversos nobles linajes de la burguesía aportaron a la mercantil Armga Holding SL, la sociedad vinculada a Armadans a través de la cual se canalizaron las inversiones a FxPro.
El capital debía destinarse a operaciones en el mercado del petróleo, bajo la promesa de obtener una elevada rentabilidad. En un primer momento, la estructura funcionó y generó "saludables rentabilidades". El problema surgió cuando los inversores reclamaron la devolución del capital y los beneficios, pero el dinero ya se había evaporado.
Una plataforma conocida
Siempre según detallan fuentes próximas al caso, entre quienes confiaron sus fondos a Armadans y Sanahuja figuraban miembros de las generaciones más jóvenes de esas familias.
Y es que FxPro, la plataforma en la que supuestamente se realizaron las operaciones, es un conocido marketplace de inversión en activos muy fiable que, además, cultiva una amplia línea de patrocinios deportivos. Incluyendo, por ejemplo, la F1.
El logo de FXPro y la plaza Francesc Macià de Barcelona en el fondo
Armadans señala a FxPro
Este medio también pudo saber que Marc Armadans se justificó ante los inversores señalando directamente a FxPro.
En al menos dos correos electrónicos, el financiero y su pareja, Júlia S., sostienen que fue la compañía quien liquidó todas las operaciones abiertas y cerró unilateralmente la cuenta sin previo aviso.
Y no solo eso, Armadans sostiene que tampoco recibió previamente ningún aviso sobre la falta de fondos disponibles para mantener las operaciones abiertas.
Así, mientras Sanahuja pone el foco en la gestión de Armadans, éste atribuye lo ocurrido a la actuación de la plataforma. Versiones enfrentadas que ya están bajo escrutinio judicial.
La vinculación de este caso con la familia Sanahuja también es un puñal en el corazón de la burguesía catalana, dada la importancia capital de este apellido en el mundo económico catalán.
Crónica de una dinastía del ladrillo
Para entender quién es esta histórica dinastía empresarial hay que retroceder a la Barcelona del franquismo, cuando el ávido Romà Sanahuja Bosch (1907-1997) comenzó a construir viviendas protegidas y de bajo coste, las llamadas casas baratas, un negocio que le convirtió en uno de los hombres más potentados del ladrillo español.
Tras la muerte del fundador, el negocio pasó a manos de sus tres hijos: Romà (nacido en 1939), Maria Àngels (1948) y Juan Sanahuja Pons. Con el tiempo dieron lugar a tres ramas familiares: la de los Sanahuja Escofet, la de los Sanahuja Maymó y la de los Cuartero Sanahuja.
Roman Sanahuja en una imagen de archivo
Bajo su mando, Sacresa dejó atrás las casas baratas y se lanzó a las grandes operaciones. De hecho, Romà llegó a presidir Metrovacesa cuando esta era la primera promotora del país.
‘Rise and fall’
Aquella ambición desmedida salió muy cara. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, el grupo acumuló una deuda cercana a los 6.000 millones y perdió Metrovacesa a manos de los acreedores. En 2010, Sacresa protagonizó una de las mayores suspensiones de pagos de la historia de España, con una deuda de 1.800 millones de euros.
La familia logró reflotar el grupo en 2012 mediante un pacto con la banca, a costa de quitas severas y de ceder buena parte de su patrimonio.
Hoy, Sacresa ha vuelto a un perfil más discreto, y desarrolla el complejo Finestrelles de Esplugues, donde levanta la Tower One, una torre residencial de 25 plantas para el grupo Hines.
Recientemente, ha vendido a Metropolitan House, junto con Endesa, 72.000 metros cuadrados del sector de Can Rigalt, en L’Hospitalet, por unos 19 millones. En Madrid, por otro lado, participan en una promoción inmobiliaria en Los Cerros, un nuevo barrio de más de 14.000 viviendas en Vicálvaro.
El negocio de l’Illa Diagonal
Pero el corazón del patrimonio sigue siendo L’Illa Diagonal, inaugurada en 1993 entre las calles Numància y Entença. Indicesa l’Illa, la sociedad familiar que la controla junto a Axa, gestiona además una cartera de viviendas de alquiler y dos hoteles que operan AC Marriott y NH Collection, con la que amasaron un beneficio el año pasado de 18,2 millones, un 23% más.
Imagen del centro comercial L'Illa Diagonal, de los Sanahuja y AXA
A sus 87 años, y parapetado en su piso de la avenida Pearson, Romà Sanahuja Pons amasa aún una considerable fortuna que le hace llevar una vida plácida, alejada del mundanal ruido.
De vez en cuando, el patrimonio vuelve a sufrir algún sobresalto. La rama de los Sanahuja Escofet, por ejemplo, declaró la suspensión de pagos del centro comercial Màgic Badalona en 2024 con una deuda de 44 millones. El concurso se ha cerrado y la familia ha recuperado el control de la sociedad, aunque mantiene el pasivo con el fondo Cojaswinvest, que conserva sus derechos de cobro y las vías de ejecución, incluida la hipotecaria.