Fotomontaje de las viviendas de la calle Lancaster con los logos de BCN Housing y BeCorp
La promotora Corp, a juicio por un escándalo inmobiliario en los pisos más lujosos del Raval
Un inversor extranjero, salpicado por un complejo traspaso de activos entre dos empresas que compartían directivos y accionistas
La opaca venta por 12 euros de un subsuelo acaba en los juzgados y deja a decenas de vecinos sin acceso a piscina, gimnasio y parking
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Un inversor extranjero que compró un edificio en el Raval para rehabilitarlo y vender las viviendas ha demandado a Corpedificacions (BeCorp) y a BCN Housing Place ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona.
El demandante es propietario de los números 16 y 18 de la calle Lancaster, junto a la Rambla de Barcelona, y pide que se anule la venta de su parte del subsuelo de esos edificios, que firmó en diciembre de 2020 por 12 euros. Un precio “simbólico” que solamente aceptó para que, en un contrato privado, figurara que los propietarios e inquilinos de sus edificios pudieran usar la piscina, el gimnasio y el aparcamiento que BeCorp iba a construir en la finca.
Ese compromiso, sin embargo, no se recogió en el Registro de la Propiedad, y después BeCorp vendió el espacio a la sociedad BCN Housing. Esta nueva empresa, que comparte accionistas y consejeros con la primera, ahora se niega a respetar el pacto, porque alega que es un tercero ajeno a ese contrato, y no deja a los inquilinos del inversor acudir a las prometidas zonas comunes.
El abogado del demandante, Sergio Villanova, del despacho Int Law, sostiene que el pleito gira en torno a si BCN Housing conocía ese pacto. La demanda considera que sí, porque las dos empresas compartían directivos y accionistas en el momento de la polémica transacción.
Los hechos
Con todo esto, el relato de los hechos es el siguiente: BeCorp era titular del 47,46% del subsuelo de 2.199 metros cuadrados de este bloque, tras comprar participaciones a otros propietarios de la zona. Su plan, junto a la sociedad Faceras, S.L., era construir un aparcamiento y unas zonas comunes con piscina, gimnasio, jardín, coworking y vestíbulo, con el objetivo de aumentar el valor del conjunto.
El inversor se interesó por participar en el proyecto, porque el acceso a esas instalaciones revalorizaría sus viviendas. Según la demanda, a principios de 2020 las dos empresas acordaron un intercambio, mediante el cual él cedería sus derechos y obligaciones para construir el mentado complejo.
A cambio, los propietarios e inquilinos tendrían derecho permanente a usar las zonas comunes y a alquilar con preferencia hasta cuatro plazas de aparcamiento. Además, pagaría 77.907,75 euros para financiar parte de las obras y una cuota de mantenimiento.
Render del interior de las viviendas de la calle Lancaster
Cuando se afinaban los términos, la dirección jurídica de BeCorp propuso, por consejo de sus asesores fiscales, dividir el acuerdo en dos documentos. En uno, una escritura pública, el inversor vendía su parte del subsuelo a BeCorp por 12,10 euros; y en el otro, un contrato privado, se recogía la cesión del uso de las zonas comunes y los pagos a cargo del inversor.
Tras la firma, el inversor pidió de forma insistente información sobre el avance de las obras e instrucciones para abonar el primer pago, fijado en el contrato privado para financiar las zonas comunes.
BeCorp ignoró esas peticiones mientras negociaba a sus espaldas la reventa del proyecto a BCN Housing, una operación que se cerró en secreto en enero de 2022.
Contrato incumplido
Durante un año y medio, el demandante no recibió respuesta de su interlocutor en BeCorp, Pau Castro Sáez. Cuando por fin consiguió contactar con la empresa, esta le comunicó que ya no era propietaria de los bajos de la calle Lancaster. El 31 de enero de 2022 había vendido su participación en el proyecto a la sociedad BCN Housing Place.
Cuando el inversor reclamó su acceso a las prometidas zonas comunes, la nueva sociedad respondió en burofax que no iba a cumplir el contrato y alegó ser un tercero ajeno a él.
Lo fáctico es que la escritura pública de los mencionados 12 euros consta en el Registro de la Propiedad, mientras que el contrato privado del derecho a uso del subsuelo por parte de propietarios e inquilinos no lo hacía.
El artículo 34 de la Ley Hipotecaria protege a quien compra fiándose de lo que dice el Registro, siempre que actúe de buena fe. La demanda sostiene que BCN Housing no puede acogerse a esa protección porque conocía el acuerdo.
Mismos accionistas y directivos
Este es uno de los puntos más peliagudos del caso. Según la demanda, dos directivos llamados Pedro Molina Porras y Pau Castro Sáez ocuparon cargos a la vez en BeCorp y en BCN Housing cuando se firmó la compraventa, en diciembre de 2020, y cuando se hizo la reventa, en enero de 2022. Además, Francisco Magret Llorens firmó contratos como administrador único de BeCorp después de haber sido administrador y consejero de BCN Housing.
Castro Sáez, el interlocutor del inversor, fue nombrado presidente de BCN Housing el día antes de cesar en BeCorp. Esa fecha coincide con la venta del proyecto.
Render de las viviendas de la calle Lancaster
Las memorias anuales de BCN Housing atribuyen el 66% del capital a Scranton Enterprises B.V. y el 34% restante a BeCorp. Según la documentación aportada al procedimiento, BCN Housing había concedido además a BeCorp, en octubre de 2019, un préstamo hipotecario de 406.830,45 euros sobre la mencionada finca.
Con estos datos, el inversor sostiene que BCN Housing conocía el contrato privado y que hubo un plan para quedarse con su cuota del subsuelo y no cumplir después el derecho de uso.
Los 12 euros también causan fricción en la causa. Mientras que Corp y BCN Housing aseguran que el inversor vendía para librarse de los costes del proyecto de reparcelación, la demanda lo desmiente: ya había pagado 307.000 euros de esos costes y le quedaban unos 108.000.
La demanda pide una acción de nulidad radical de la escritura por causa falsa y por dolo grave; y exige que se devuelva el subsuelo al inversor o, si no es posible, se pague por su valor y sus frutos.
![Montaje con el empresario y estilista Nino Cerruti y su nieto, Ian Cerruti](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/563000.jpg?p=w:320\/h:240&h=WytVCdJl"])
El letrado cifra en más de un millón de euros el perjuicio para su cliente, que había comprometido la venta de viviendas con arras ya pagadas.
El juicio está previsto para enero, a la espera de que se cite a un testigo residente en Miami.
