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El viernes pasado, en algunos despachos del sector inmobiliario se descorcharon botellas de cava. Después de varios días con la actividad prácticamente paralizada, suspiraron aliviados: ninguno de los dos decretos-ley que el Consejo de Ministros había aprobado in extremis iba a salir adelante.

Poco podían prever entonces que el fracaso del Gobierno acabaría propiciando una convocatoria electoral que disolvería las Cortes y abriría la puerta a que alguno de estos decretos-ley pudiera aprobarse.

“Estamos perdidos”, resume a este medio Guifré Homedes, director general de Amat Immobiliaris y vicepresidente segundo de la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API).

vivienda

Segunda vuelta

El Gobierno volverá a aprobar este martes, en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, los dos reales decretos-ley de vivienda que el Congreso tumbó el pasado viernes con los votos de PP, Vox y Junts.

Esta vez, sin embargo, su suerte no dependerá del pleno, sino de la Diputación Permanente, que cuenta con 69 miembros. El PP tiene 27, Vox seis y Junts uno, de modo que suman 34 votos en contra. En el otro bloque están el PSOE, con 25; Sumar, con seis; ERC, Bildu y Podemos, con uno cada uno. En total, otros 34.

La llave para que la maniobra de Pedro Sánchez prospere la tiene un solo voto: el del PNV, que ya ha dicho que analizará “en profundidad” los decretos de vivienda antes de tomar una decisión.

El segundo decreto, “una aberración”

¿Cuál de los dos? No se sabe. Pero el sector inmobiliario tiene claro cuál prefiere.

“El segundo decreto era una aberración generalizada”, explica Homedes.

Del primero, el que tenía más posibilidades de ser aprobado por Junts —y por el PNV, que votó a favor—, el asunto de los desahucios y de las prórrogas hasta 2028 es lo que menos le preocupa. “Lo que más, todo lo que afecta a los precios”.

Vivienda en alquiler EP

"Una segunda regulación"

“Aquí el mercado ya está regulado, y ahora habría que añadir una segunda regulación”, lamenta.

Sobre la posibilidad, planteada por la ministra Isabel Rodríguez García en el pleno del Congreso, de aplicar una cláusula prevista en el decreto para que las medidas no afecten a Cataluña, dice no tener claro que pueda hacerse así.

Lo que preocupa a otros es el efecto retroactivo de algunas de las medidas. “Cuando tú conoces las normas, las tienes en cuenta y planificas en consecuencia. Pero es que nos cambian las reglas del juego constantemente”.

Incertidumbre y prudencia

Más allá de la sensación general de incertidumbre y de sentirse a merced de las decisiones erráticas del Gobierno, patronales y representantes del sector prefieren, por el momento, no hacer declaraciones hasta saber exactamente qué se va a aprobar el martes y se remiten a los comunicados que difundieron la semana pasada, cuando todo apuntaba a que los decretos-ley saldrían adelante.

Por ejemplo, Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), ya advirtió de que los decretos habían provocado que empresas con proyectos de built-to-rent —construir para alquilar— en marcha estuvieran reculando y trasladándolos al mercado de compraventa.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, a su vez, ya definió, en el foro BCN Desperta!, organizado por Crónica Global, Metrópoli y El Español, las medidas del Gobierno como “una socialización encubierta de la propiedad privada”.

"Así no se puede trabajar"

Extraoficialmente, sin embargo, todas las fuentes del sector del ladrillo coinciden: aseguran que “así no se puede trabajar”.

“Todos los proyectos que tenemos están paralizados hasta que se forme un nuevo Gobierno que, Dios lo quiera, revoque las leyes”. Lo que lamentan es que esta nueva maniobra con la que Sánchez arranca su campaña vaya a prolongar la parálisis durante, al menos, dos meses.

“Todo esto asusta a los inversores”, añaden otras fuentes.

"Un teatro"

“La reacción natural sería no firmar ningún contrato hasta que no tengamos las cosas más claras”, explica, a su vez, Homedes.

“Es difícil entender que una cosa tan estructural, que necesita tanto consenso, como la vivienda, acabe reducida a este teatro”, añade.

En el mismo día en que las calles de Barcelona se llenan de manifestantes convocados por el Sindicat de Llogateres, concluye: “Todas estas medidas van en contra de toda la gente que las pide”.