Hasta 57 directivos con condiciones laborales fuera de convenio incendian el Puerto de Barcelona, que encara un plan de ajuste obligado por el Ministerio de Hacienda, como avanzó este medio en primicia.
Los recortes son obligados por una desviación hallada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y da la casualidad de que es el segundo en nueve años. La causa es la misma: un deslizamiento o un monto de gastos no autorizados. En 2017 fue de cerca de 700.000 euros.
Ahora, según algunas fuentes, es superior al millón de euros. Ello obliga a implementar un paquete de medidas para estrecharse el cinturón, pese a la cifra de ingresos récord anotada en 2025.
57 directivos fuera de convenio
Lo detallan fuentes cercanas al conflicto, que alertan de que esas cantidades emanan del pago de beneficios como los cheques comedor y los pluses de ordenación salarial.
Pero es que parte de esos pagos se han realizado al personal de management y alta dirección que queda fuera del convenio --un 13% del total--, con salarios más elevados y mejores condiciones que el resto. Es el caso de los bonos-comedor, por ejemplo, abonados a estos directivos especiales.
Vista aérea del Puerto de Barcelona
Compensación
Las mismas fuentes admiten que la APB, que preside José Alberto Carbonell, retribuye a estos altos cargos con el ahorro de las cantidades para nuevas incorporaciones.
"La dirección dice que paga los beneficios con el dinero de la gente que no ficha. Con ese ahorro, compensan a la alta dirección", aducen.
Golpe de Hacienda
En cualquier caso, ese pretexto no convence completamente a la administración tributaria y a su largo brazo. La IGAE ha impuesto un plan de ajuste para devolver el equilibrio al capítulo uno del Puerto de Barcelona.
Esos ajustes han provocado la ira de parte de la plantilla, que cree que "la falta de transparencia y la mala gestión de la dirección la pagan los trabajadores".
Fuentes de la plantilla lamentan que el deslizamiento de 2017 "no se haya pagado, mientras que ahora se detecta otro que obliga a perder más poder adquisitivo".
"Regularización"
Por su parte, la APB ha señalado a Crónica Global que la cantidad a equilibrar no es indicativa de "mala gestión", sino que constituye un montante a "regularizar" por petición de la Administración central.
Siempre según el equipo de Carbonell, el llamado plan de acción "permitiría que los salarios siguieran aumentando, pero a un ritmo inferior, evitando una reducción de las retribuciones actuales".
Una terminal en el Puerto
Segundo quebradero de cabeza
En cualquier caso, el pulso ya ha provocado las primeras protestas laborales. Arrancaron el 30 de septiembre con una concentración de empleados en la Torre de Jaume I.
Se trata del segundo quebradero de cabeza al que se enfrenta la APB. El primero y quizá más acuciante es el fallo del concurso para operar la terminal multipropósito, que ha ganado una filial de Boluda Corporación Marítima.
Como explicó Crónica Global, la participada cuenta con un porcentaje del accionariado --hasta un 45%-- entregado a una sociedad que, en última instancia, controla el Estado de Marruecos. Ello ha provocado quejas de sus competidores, que afean que la infraestructura estratégica "se entregue" al estado alauí en plena crisis por el intento de invasión migratoria en Ceuta.
Eso sí, la operación de compra en Boluda está pendiente del visto bueno de las autoridades de competencia, por lo que podría descarrilar in extremis.
Baja ejecución
En paralelo a ello, un Puerto de Barcelona en récord, con más de 200 millones de euros de ingresos y un excedente positivo de 47 millones en 2025, ha arrojado otros lunares en la gestión.
En un informe publicado en diciembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas afeaba a Puertos del Estado la escasa ejecución de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia (RTR) sostenidos por las autoridades comunitarias. Se lanzaron tras la pandemia del coronavirus para reactivar la economía.
En el global de la red de la empresa pública, el porcentaje de proyectos llevados a buen puerto se quedaba en un 38%. En el caso de la APB, esa cifra caía al 17%, lejos de la media de la sociedad estatal, lo que da argumentos a los críticos con la gestión del actual comité de dirección.