Marejada en el Port de Barcelona. Las movilizaciones de los trabajadores se suceden desde el pasado mes de julio como consecuencia del plan de ajuste en el que trabaja la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), y que se deriva de las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda plasmó en un informe la existencia de desviaciones entre la masa salarial autorizada y el importe que se había abonado en relación con determinados conceptos retributivos, todo ello respecto al ejercicio 2023.
La APB ha atribuido las desviaciones denunciadas por la IGAE a un "desajuste técnico" que está relacionado con compromisos salariales pactados desde hace mucho tiempo. Incluso, algunos datan de los últimos años del pasado siglo; gozan, por lo tanto, de una vigencia próxima a los 30 años.
La dirección de la APB, con su presidente, José Alberto Carbonell a la cabeza, ha puesto por delante desde el primer momento la obligación de corregir las citadas desviaciones.
Puerto de Barcelona
El conflicto con los trabajadores se ha desatado porque el método elegido para llevar a cabo el ajuste ha sido elaborar el llamado "Plan de Acción", que consiste en destinar una parte de los incrementos salariales a futuro que decida la Administración a la corrección de los desvíos.
La autoridad portuaria sostiene que con este sistema los trabajadores seguirán gozando de incrementos salariales, aunque de menor cuantía. Fuentes de la APB apuntan que la medida "permitiría que los salarios siguieran aumentando, pero a un ritmo inferior, evitando una reducción de las retribuciones actuales".
Versiones contradictorias
Sin embargo, el comité de empresa difiere de esta versión. Al contrario, de acuerdo con sus cálculos casi 400 empleados verán recortada su retribución en torno a un 8% si se aplica el plan de recorte diseñado por la dirección de la APB.
Además, los trabajadores sostienen que el impacto de las irregularidades detectadas en el informe de la IGAE no debe recaer sobre ellos de ningún modo, dado que no son los responsables de tales desvíos.
Contenedores en el puerto de Barcelona
En este sentido, el Port de Barcelona se defiende al sostener que los desvíos detectados y plasmados en el informe de la IGAE "en ningún caso responden a una mala praxis por parte de la Autoridad Portuaria, sino a una situación que ahora los órganos de control requieren regularizar de acuerdo a la normativa vigente".
A comienzos del mes de junio, este organismo mantuvo una reunión con el Ministerio de Hacienda y con Puertos del Estado, en la que planteó tres alternativas. Las dos primeras pasaban por aplicar la corrección, con o sin acuerdo con los representantes de los trabajadores. Mientras, la tercera precisaba de masas salariales extraordinarias para evitar que el ajuste repercutiera de alguna forma en los salarios.
Una vez que Hacienda y Puertos del Estado descartaron esta última, la APB comenzó a trabajar con la representación social en busca de un acuerdo. El grupo de trabajo bilateral creado a tal fin no alumbró propuesta alguna debido a la imposibilidad de alcanzar un pacto.
La dirección del Port de Barcelona ha transmitido que, ante este escenario y habida cuenta de que el plazo de un año dado por la IGAE para corregir las desviaciones ya ha concluido, se ha visto obligada a presentar el citado Plan de Acción. Su aprobación por el consejo, a finales del pasado julio, provocó las primeras movilizaciones por parte de los trabajadores.
Conflicto laboral
Concentraciones en torno a las instalaciones del Port, corte de vías públicas y amenazas de huelgas. Todo ello como respuesta a un plan que contempla dejar sin efecto el incremento del 0,5% para 2026. Y, además, destinar tan sólo el 50% de las futuras revisiones salariales para compensarlo.
El comité de empresa sostiene que la aplicación del plan de la APB significaría un "recorte salarial puro", inédito en el sistema portuario español en el contexto de una actuación de auditoría. Los trabajadores señalan además que la situación se asemejaría a la de 2010, aunque en un entorno muy diferente. Por entonces, la rebaja del 5% se enmarcó en el recorte generalizado a todos los empleados públicos que aplicó el Gobierno central con motivo de la crisis financiera.
Aunque el Port considera abiertas "todas las vías de diálogo" con los trabajadores para encontrar "la mejor solución posible", el Plan de Acción se encuentra pendiente del visto bueno de Puertos del Estado para su aprobación definitiva y su puesta en marcha.