Marc Armadans, el financiero del 'caso petróleo', atribuye la pérdida de los siete millones invertidos por distintas familias de la burguesía catalana a la actuación de FxPro, la plataforma de inversión utilizada para operar en el mercado del petróleo.
Esta tesis se sustenta en los correos que el joven empresario remitió a un grupo de inversores, en los que aseguraba que la compañía había liquidado todas las operaciones abiertas y cerrado unilateralmente la cuenta sin previo aviso.
Según la versión trasladada a los inversores afectados, FxPro les habría comunicado el cierre por correo electrónico inmediatamente después de ejecutar la liquidación.
Y no solo eso, Armadans sostiene que tampoco recibió previamente ningún aviso sobre la falta de fondos disponibles para mantener las operaciones abiertas.
Sin acceso al historial
En la misma sucesión de correos, consultados por este medio, el joven financiero también les informa de que no se había producido ningún acontecimiento en el mercado del petróleo que justificara una caída tan exagerada de los precios.
Campo de extracción de petróleo / RTVE
Además, se justifica diciendo que con el cierre de la cuenta, FxPro le ha bloqueado el acceso al historial de operaciones y a la información necesaria para comprobar cómo y por qué se perdió todo el capital.
Reclamación formal
En los mismos correos, Armadans les traslada a los afectados que su equipo legal ya está analizando qué ha podido pasar con los siete millones invertidos. Sin embargo, también admite que, por el momento, no pueden determinar con exactitud qué habría ocurrido con los fondos.
Asimismo, les traslada que junto con sus abogados han encontrado elementos suficientes para presentar una reclamación formal contra FxPro con el objetivo de conseguir la reapertura de la cuenta, recuperar toda la documentación relativa a las operaciones y acudir al organismo regulador correspondiente.
El logo de FXPro y la plaza Francesc Macià de Barcelona en el fondo
Armadans, ¿otro perjudicado?
Esta misma versión fue trasladada a los inversores por Julia S., responsable de relaciones con los inversores de Prokyon Capital y pareja de Armadans.
En otro correo, Julia S. presenta a la compañía del financiero como otra perjudicada por la actuación del bróker y asegura que cualquier reclamación se emprenderá en beneficio de todos los participantes.
Un abogado en Dubái
El contenido de los correos enviados por el financiero y su pareja confirma lo que ya había trasladado su entorno a Crónica Global.
Y es que, al parecer, Armadans se ha buscado un abogado español con despacho en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde FxPro tiene oficina, para determinar si se produjo alguna anomalía que pudiera explicar la pérdida del dinero.
Vista aérea de Dubái
La alerta del socio
No obstante, parece que las explicaciones del financiero no terminaron de convencer a los inversores. Especialmente a su socio, nieto de uno de los grandes linajes de la burguesía catalana.
Y es que fue él, el socio, quien movió la primera ficha judicial y presentó un escrito ante los juzgados de Barcelona, dando origen a la causa que ahora instruye el juez Ignacio Sánchez García-Porrero, titular de la sala 21.
Investigación en marcha
Tal y como avanzó Crónica Global, el escrito presentado por el socio de Armadans no constituye directamente una denuncia por presunta estafa. Se trataría más bien de una exposición de los hechos destinada a averiguar el destino del dinero.
Una vez esclarecido su recorrido, y siempre que se aprecien indicios delictivos, los hechos podrían encajar en delitos como la administración desleal, la apropiación indebida o algún otro ilícito de carácter societario o económico.
Imagen de archivo de una de las entradas a la Ciudad de la Justicia de Barcelona
Es por ello, que los Mossos d'Esquadra, siguiendo órdenes judiciales, están investigando qué ha ocurrido con el dinero que varios miembros de conocidas familias de la burguesía catalana invirtieron en la plataforma de trading FxPro de la mano de Marc Armadans.
El 'ultimátum' de los inversores
En paralelo a la causa que obra en manos del Tribunal de Instancia e Instrucción número 21 de Barcelona, varios inversores dieron esta semana un ultimátum al financiero y a su socio.
Según pudo saber este medio, un grupo de perjudicados les ha dado un plazo de cinco días hábiles para que aclaren el paradero del dinero.
Si agotado el plazo otorgado, no reciben explicaciones sobre lo ocurrido con los fondos, los abogados ya han advertido que emprenderán acciones penales y se personarán en el procedimiento que ya obra en manos del juez Sánchez García-Porrero.