El Gremi d'Estanquers de Catalunya, la Federació Catalana d'Estanquers y Foment del Treball han hecho público un manifiesto conjunto este lunes. En él, exigen al Gobierno de España que frene la modificación del Real Decreto 579/2017.
Las entidades sostienen que la tramitación de esta norma, elaborada sin consenso previo ni debate parlamentario, supondrá la prohibición de cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina. Esta decisión compromete la viabilidad de más de 1.700 estancos en Cataluña.
Exterior del Estanco Palau, de 1888 / M.A.
Impacto en el sector
Bajo el título Por una regulación proporcionada y ordenada de los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, las organizaciones empresariales alertan de los efectos destructivos sobre los negocios minoristas.
La mayoría de las expendedurías afectadas son pequeñas empresas y negocios familiares que verán mermada su capacidad de adaptación comercial hacia alternativas al tabaco tradicional.
Además de amenazar cerca de 5.000 puestos de trabajo directos, las entidades señalan que la prohibición no erradicará el consumo. Al contrario, lo empujará hacia el mercado ilegal. Esta situación supondrá la pérdida del control de trazabilidad, la vulneración de las garantías para proteger a los menores y un perjuicio significativo a las arcas públicas. Este sector genera cerca de 9.000 millones de euros anuales en impuestos especiales en todo el país.
Amenaza a la industria catalana
La propuesta normativa compromete directamente el liderazgo económico de Cataluña en el desarrollo de alternativas al tabaco. La comunidad concentra actualmente el 80% de la fabricación nacional de e-líquidos.
El sector del vapeo genera cientos de millones de euros en valor añadido. Aporta más de 120 millones de euros al año a Hacienda, manteniendo previsiones de inversión superiores a los 1.500 millones de euros hasta el año 2030.
Un giro regulatorio imprevisto, denuncian, frenará las inversiones proyectadas y comportará inseguridad jurídica a multitud de autónomos y pymes.
Piden reconsideración inmediata
En el manifiesto, las entidades instan a los grupos parlamentarios con representación en el Parlament y en las Cortes Generales, así como al Govern de la Generalitat, a "trabajar de forma firme y decidida para lograr que el Gobierno español reconsidere el planteamiento actual".
Las solicitudes que plantean son las siguientes: detener la tramitación del real decreto, preservar y reforzar el canal regulado y proteger el tejido económico y las inversiones realizadas por las empresas que componen el sector.
La intención de los agentes económicos es sumar un frente institucional común que inste al Ministerio de Sanidad a reconsiderar el borrador actual. Así se busca garantizar una regulación equilibrada que respete a la red de estancos como un canal público seguro y controlado.
"Una regulación eficaz no puede basarse en prohibiciones generalizadas ni en decisiones desalineadas con el contexto europeo y el sector. Requiere coherencia, proporcionalidad y una colaboración efectiva para garantizar la protección de la salud pública, el impulso de la actividad económica y evitar el desplazamiento hacia circuitos ilegales", declaran.