La reestructuración de Volotea va camino de la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno tendrá un papel determinante en la operación que está en marcha, toda vez que, en caso de concluir con éxito, la maniobra derivará en que la griega Aegean Airlines se haga con los mandos y el control de la compañía, con el apoyo de otros inversores.
De este modo, el Ejecutivo podrá aplicar la potestad de controlar inversiones extranjeras en empresas de sectores considerados como estratégicos. Se trata del ya célebre 'escudo antiOPA' que ha sido determinante para operaciones como la entrada en el capital de Naturgy del fondo australiano IFM, la toma de control de Celsa por una mayoría de fondos internacionales acreedores o el intento de ganar peso en el capital de Prisa por parte del grupo francés Vivendi.
Precisamente, este es uno de los aspectos de los que está pendiente la reestructuración de Volotea que los socios pusieron en marcha hace semanas, con el impulso de la aerolínea de bandera griega. Y además, uno de los que más preocupa, junto con los necesarios consentimientos y compromisos con la banca acreedora.
En el caso de la intervención del Gobierno, se da además la circunstancia de que Volotea recibió en 2022 un préstamo de 200 millones proveniente del fondo que el Estado articuló a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para rescatar a empresas estratégicas golpeadas por los efectos del Covid-19.
Avión de la compañía Volotea
La aerolínea de bajo coste ya ha tenido dificultades para empezar a devolver el citado préstamo. Hasta el punto de que se ha visto obligada a negociar con el organismo público, dependiente del Ministerio de Hacienda, una serie de aplazamientos para cumplir con los pagos.
En virtud del empleo del 'escudo antiOPA', el Gobierno puede vetar una operación que suponga que un inversor extranjero se haga con más de un 10% de una empresa española incluida en un sector estratégico. Pero también puede dar un visto bueno condicionado a una serie de compromisos.
Posibles compromisos
De esta forma, Moncloa podría aprovechar la situación para exigir a los inversores que lideran la reestructuración de Volotea mayor firmeza a la hora de cumplir con la devolución del préstamo público. Igualmente, tiene la potestad de incluir entre los compromisos aspectos relacionados con el mantenimiento del empleo; una cuestión que condicionará el plan para reestructurar la aerolínea con el fin de sacarle de la delicada situación financiera en la que se encuentra actualmente.
Tras dos años de carencia, en julio de 2024 Volotea afrontaba el primer pago de intereses del préstamo de la SEPI, que ascendía a algo más de 14 millones de euros.
Sede de la SEPI en Madrid
Poco antes de la fecha del compromiso, la compañía acordó con el organismo público su pago en tres plazos a lo largo de 2025. La aerolínea logró cumplir con el pacto pero, nuevamente, tuvo que solicitar una demora en la satisfacción de los intereses correspondiente a 2025.
Un montante de 15,4 millones de euros que Volotea ha liquidado el pasado mes de abril. La empresa también ha recurrido al aplazamiento del pago correspondiente al presente ejercicio; en este caso, los 14,6 millones que debería haber abonado a la SEPI el pasado julio han quedado pendientes para julio de 2028. En este caso, la dispensa se ha extendido a dos años.
Los nuevos acuerdos para afrontar los intereses del préstamo público han elevado en cerca de 4,5 millones de euros los gastos financieros de Volotea en estos tres últimos años. Un periodo en el que la aerolínea de bajo coste ha acumulado cuantiosas pérdidas, pese a que la actividad aeroportuaria se ha recuperado por completo y vuelve a registrar cifras record en cuanto a afluencia de pasajeros.
El control sobre inversiones extranjeras en empresas de sectores estratégicos fue instaurado por el Gobierno en marzo de 2020, en plena pandemia. El objetivo principal fue la protección de las compañías, especialmente las cotizadas tras las cuantiosas caídas en bolsa que sufrieron como consecuencia de los efectos del Covid-19. Posteriormente, el Ejecutivo ha ido prorrogando su vigencia pese a que el escenario pandémico ha desaparecido por completo.
Precedentes
En casos anteriores, el Consejo de Ministros autorizó la entrada de IFM en el capital de Naturgy, condicionada a una serie de compromisos. Entre ellos, los de no promover un cambio de sede de la empresa ni su eventual exclusión de bolsa, apostar por el mantenimiento del empleo y alinearse con el plan que el consejo de la energética acaba de aprobar en aquel 2021.
Por su parte, los fondos acreedores de Celsa también asumieron compromisos con el mantenimiento del empleo y de la actividad en las plantas situadas en territorio español para obtener la autorización de Moncloa a la hora de asumir el control de la siderúrgica.
En ocasiones, la postura del Gobierno ha frustrado operaciones de este tipo. Fue el caso de Vivendi, que solicitó la pertinente autorización para incrementar su participación en Prisa hasta el 29,99%. El grupo francés de medios desistió meses más tarde después de que el Ejecutivo no emitiera una respuesta al respecto.