La Comisión Europea no da su visto bueno al proyecto de la ley del taxi de la Generalitat. Bruselas ha frenado su aprobación con un dictamen al que ha tenido acceso Crónica Global, eminentemente técnico y centrado en una cuestión concreta: cuando se trata de servicios digitales, la norma europea está por encima de la regulación catalana.
Bruselas considera que Cataluña no puede imponer controles y registros propios a las plataformas que operan en su territorio cuando se limitan a poner en contacto a usuarios y transportistas, sin organizar ni gestionar el viaje.
La Generalitat sí puede regular el transporte, pero no tiene potestad para trasladar automáticamente esas mismas exigencias a las plataformas digitales cuando éstas están sujetas a las reglas europeas. El dictamen, sin embargo, no aclara del todo cómo encajan las VTC en esta distinción, y señala que debe analizarse "caso por caso".
Empresas de intermediación
El dictamen diferencia entre dos tipos de empresas intermediarias. Por un lado, está la intermediación vertical, que se refiere a aquellas compañías en las que se ordena un medio de transporte para una ruta, se ofrece un precio cerrado y se ejecuta el desplazamiento. Es decir, es algo directo.
Logo de Uber
Por otra parte, está la intermediación horizontal, que ofrece la información necesaria para contratar el servicio que se desea, pero no cobra ni fija una tarifa por ello.
La ley catalana, en tramitación en el Parlament, pretende poner límites a ambas partes. No obstante, en lo que respecta a la segunda, la Comisión Europea no ha dado el visto bueno.
Zona de conflicto
Esta clasificación de las compañías provoca una zona gris que la Comisión Europea no resuelve. Por una parte, los taxis desean que se considere intermediación horizontal solo a los buscadores y similares.
Por otra parte, muchas empresas de VTC buscarán ser incluidas en esta categoría, de manera que sean reguladas bajo la normativa continental.
El conflicto surge con las aplicaciones que ofrecen funciones intermedias —como estimaciones de tarifa o asignación inteligente de vehículos— sin fijar el precio final. Es en este terreno confuso donde Bruselas advierte de que la Generalitat no puede aplicar exigencias locales de supervisión a herramientas digitales que operan amparadas por la legislación europea del mercado único.
Bruselas exige cambios
Imagen de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
El dictamen, fechado el 24 de agosto, supone una advertencia formal de incompatibilidad legal que obliga a congelar la tramitación del texto en el Parlament —ampliando el plazo hasta el 28 de septiembre de 2026— y fuerza a España a informar a la CE de qué modificaciones introducirá en la norma.
De aprobarse en sus términos actuales, el Ejecutivo comunitario advierte expresamente de la apertura de un expediente de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Lecturas contrapuestas
Ante este dictamen de la Comisión Europea, las lecturas de ambas partes son contrapuestas. Coinciden en que la resolución no es contundente. No obstante, cada uno barre para su casa.
El sector del taxi considera que las empresas de VTC, aunque tratarán de mantenerse como intermediarias horizontales, acabarán siendo denominadas como verticales, de manera que estarán bajo el control de la Generalitat.
La reacción de la otra parte oscila entre la cautela y cierta decepción. Fuentes del sector admiten que el pronunciamiento de Bruselas resulta "superficial", ya que ha optado por fundamentar su dictamen estrictamente en el cumplimiento de la Directiva de Comercio Electrónico y el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), sin entrar en una defensa más general del libre mercado.
"Amenaza regulatoria"
Este varapalo regulatorio llega meses después de las alertas lanzadas por el sector de las VTC. El pasado marzo, las patronales Unauto y Feneval acudieron por carta al comisario europeo de Transporte Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, denunciando que la ley catalana suponía "una amenaza regulatoria" redactada bajo la influencia del taxi para eliminar la operativa urbana de los VTC.
Pese a que la propuesta logró un holgado consenso político en el Parlament, las dudas jurídicas planteadas por las empresas han terminado cristalizando en el dictamen de la Comisión.
Aligerar la carga regulatoria
Tras el varapalo técnico, la pelota queda en el tejado de la Generalitat. El Govern y los grupos parlamentarios se ven obligados ahora a abrir una ronda de enmiendas técnicas para aligerar la carga regulatoria sobre las plataformas de la sociedad de la información si quieren evitar que la ley nazca muerta o bloqueada por los tribunales.
Aunque el sector del taxi confía en que la definición estricta de las plataformas verticales preserve el blindaje del servicio público, la intervención de Bruselas debilita el alcance del texto y obliga a rediseñar la norma para encajarla en el marco digital europeo.