El sector de las ambulancias se haya inmerso en un escándalo de grandes dimensiones tras lo acontecido este verano en Extremadura. La concesionaria del servicio de transporte sanitario terrestre de este territorio, la UTE formada por SSG y Ambuvital, operó durante el mes de agosto sin la correspondiente autorización para los vehículos.
Esta circunstancia entrañó un grave riesgo, dado que las aseguradoras no se habrían hecho cargo de las coberturas ante cualquier siniestro debido a la situación de ilegalidad con la que circularon las ambulancias. Y además, también expuso al sistema sanitario autonómico a la hora de afrontar eventuales responsabilidades patrimoniales.
La concesionaria comenzó a prestar los servicios en mayo tras hacerse con un contrato valorado en 285 millones de euros. Según informa Eldiario.es Extremadura, un mes después solicitó la renovación de las licencias para los vehículos de la flota (algo más de 500) pero no obtuvo las nuevas hasta los primeros días de septiembre.
Dado que la validez de las anteriores vencía al cierre de julio, durante todo el mes de agosto y hasta el 4 de septiembre, las ambulancias operaron de forma ilegal, sin contar con las preceptivas autorizaciones en vigor.
Vehículos de transporte sanitario de SSG
Además, la información del citado medio detalla que algunos conductores de la flota que conocían la existencia del problema establecieron un sistema de coordinación a través de WhatsApp para evitar ser cazados por la Guardia Civil.
A través de este método, los conductores alertaban de la proximidad de controles de la Benemérita e informaban sobre rutas alternativas con el fin de esquivarlos y evitar que la autoridad descubriera que circulaban sin los permisos pertinentes.
Conductora sancionada
Esta dinámica de los operarios de la concesionaria no pudo evitar que una conductora fuera sorprendida por los agentes de la Guardia Civil y sancionada por no disponer de la autorización.
La concesionaria está integrada por SSG, el segundo operador de transporte sanitario terrestre de toda España. Se adjudicó el voluminoso contrato en alianza con Ambuvital, adquirida por el fondo Asterion en 2024, por lo que se integra en la estructura corporativa de SSG.
Será este grupo el encargado de asumir el expediente sancionador que ya prepara la Junta de Extremadura. Este extremo ha sido confirmado por la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, tras la polémica generada por la noticia.
La integrante del Gobierno autonómico ha explicado que la concesionaria inició en junio la renovación de las tarjetas de visado para los vehículos. Sin embargo, los trámites se retrasaron más de lo previsto debido a la petición de varios requerimientos por parte de la Consejería de Transportes.
Expediente sancionador
De ahí que hasta el pasado 4 de septiembre el operador no obtuviera las preceptivas tarjetas que autorizaban a las ambulancias a prestar el servicio. Algo que no impidió a sus responsables seguir adelante con la operativa.
"Estamos preparando el expediente sancionador y, por supuesto, la empresa tiene que hacer frente a él", ha señalado la consejera García Espada, a preguntas de la prensa en referencia a esta información.