La justicia obliga finalmente a la minera ICL Iberia a desmantelar el vertedero de residuos salinos de Sallent, tras veinte años de lucha vecinal.
La acumulación de vertidos durante años terminó por convertirse en una montaña de 45 millones de toneladas que ocupa más de 40 hectáreas y supera los 500 metros de altura, convirtiéndolo en uno de los mayores epicentros de riesgo ecológico de Cataluña, poniendo en peligro, por las filtraciones al subsuelo, la salinidad de la cuenca del Llobregat.
Una sentencia de 2024 ya rechazó el intento de Iberpotash --ahora ICL Iberia-- de impedir la ejecución del auto dictado dos años antes, en el que se reiteraba la obligación de desmantelar el vertedero.
Contra esta sentencia, la empresa presentó dos recursos de casación ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, los cuales han sido inadmitidos, ha avanzado La Vanguardia, obligando a la firma a retirar los residuos salinos vertidos.
Inicio del proceso
Tras perder la última oportunidad de librarse, la minera ha fracasado en la batalla judicial abierta en 2014, cuando los jueces escucharon a la asociación de vecinos del barrio de La Rampinya, en Sallent, y admitieron su recurso contencioso-administrativo.
Los vecinos llevaban desde 2006 pidiendo al ayuntamiento de la localidad que abriera un expediente a Iberpotash, a quien acusaban de estar vertiendo residuos salinos en una zona contraindicada, aunque ya había quejas por este motivo desde los setenta.
10 años de recursos
Ya en 2014 la justicia ordenó a la empresa que dejara de verter residuos salinos en la zona de inmediato, así como el desmantelamiento de lo que se había acumulado hasta entonces para recuperar las alteraciones que se habían hecho en el paisaje.
Aunque esa primera sentencia fue ratificada en 2016, Iberpotash ha seguido presentando recursos durante una década, hasta llegar a la inadmisión por parte del TS y el TSJC.
Modificación del POUM
En medio de la lucha judicial, el ayuntamiento aprobó una nueva regulación para los terrenos afectados con una modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), en el que se permitiría el depósito de vertidos hasta el verano de 2017, lo cual luego fue prorrogado hasta mediados de 2019.
Sin embargo, en 2024, la justicia lo echó atrás, al concluir que “las determinaciones del POUM no pueden comportar una legalización encubierta de las actuaciones ilegales realizadas con anterioridad”.