"Prescindir de la energía nuclear condenaría a Cataluña a regresar a la época de las cavernas". La afirmación realizada hace unos meses por el entonces presidente de la patronal del sector (Foro Nuclear), Ignacio Araluce, se ha alejado en las últimas horas de convertirse en una realidad. La decisión del Gobierno de prolongar la actividad de la central de Almaraz (Cáceres) más allá de la fecha fijada en el calendario de cierres abre la puerta para que los tres reactores ubicados en el territorio catalán (Ascó I y II y Vandellós II) corran la misma suerte.
Un extremo que, de confirmarse, echaría por tierra los negros pronósticos que se ciernen sobre el panorama energético catalán, dada su dependencia de este tipo de tecnología.
El informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de Almaraz más allá de la fecha acordada para el cierre de sus dos reactores (2027 y 2028), emitido a mediados de julio, ya había allanado el terreno para que la planta extremeña continuara operando al menos hasta 2030. La decisión final de Moncloa, plasmada en la Orden TED/864/2026, de 12 de agosto, supone algo más que una modificación particular del plan para acabar con la energía nuclear en España.
Al contrario, fuentes de los ámbitos industrial y energético aseguran que marca el inicio de un debate acerca de una revisión completa del calendario, acordado en 2019 por el Ejecutivo español y los operadores de las centrales.
Fotomontaje de un cronómetro con el fondo de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).
En este debate estarán muy presentes las plantas catalanas. Especialmente, los dos reactores de Ascó, dado que son los próximos en el citado cronograma de ceses de actividad, junto con la valenciana Cofrentes. En concreto, la parada definitiva de Ascó I está prevista para octubre de 2030; por su parte, la de Ascó II sería en 2032.
Las citadas fuentes apuntan a Crónica Global que, al margen de circunstancias particulares, el plan de cierre de las nucleares (incluido el calendario) "tiene carácter de revisable, y bajo tal condición se acordó".
Guerras y apagón
En este sentido, recuerdan que, desde entonces, se han dado acontecimientos y circunstancias que hacen necesario el replanteamiento de la estrategia. Entre ellos, destacan de forma particular los conflictos armados que han tenido una especial incidencia en el mercado energético: la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que se prolonga por cuatro años y medio hasta la actualidad, y el reciente ataque de EEUU e Israel a Irán.
Aunque, incluso por encima de estos factores, se sitúa el suceso del pasado 28 de abril de 2025: el denominado "cero energético", conocido comúnmente como el gran apagón en España. Un fenómeno que afectó a la totalidad del territorio español y parte del portugués, dadas las múltiples interconexiones entre ambos sistemas. Y que ya generó no pocos comentarios acerca de la necesidad de revisar la política energética planteada desde Moncloa ante los riesgos que supone para la seguridad del suministro.
También cabe tener en cuenta el desigual desarrollo que ha tenido el parque de instalaciones de energías renovables en el país. Cataluña es uno de los territorios donde se ha registrado un menor avance. En numerosos casos, como consecuencia de la incertidumbre y los retrasos generados por un exceso de tramitación burocrática, que ha terminado por llevar las inversiones a otros lugares.
En la actualidad, en torno a un 60% de la energía eléctrica que se consume en Cataluña tiene origen nuclear. Una dependencia que convierte el próximo cierre de las centrales ubicadas en el territorio en una trampa mortal, debido a la combinación de factores que se daría en este escenario.
Por un lado, una elevada incertidumbre en torno a la seguridad del suministro. Las investigaciones sobre el cero energético del pasado año coinciden en apuntar como origen a la inestabilidad del sistema en aquel momento por una excesiva dependencia de las energías limpias, menos firmes y asíncronas.
Y por otro, la repercusión negativa en los precios energéticos, que sufrirían alzas por la necesidad de cubrir el hueco de las nucleares con tecnologías más caras, como las instalaciones de gas (ciclos combinados) y de importar energía para atender la demanda. El recurso a las plantas de gas traería consigo también un aumento de emisiones contaminantes.
El actual presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre
La industria catalana, con polos tan relevantes como el de Tarragona (provincia donde se encuentran las dos centrales), es una de las principales víctimas de este escenario. Consciente de que su desarrollo y ampliación es inviable sin un sistema energético estable, la patronal Foment del Treball ha reaccionado con rapidez con una nota a través de redes sociales en la que insta al Gobierno central a la revisión integral del calendario de cierres nucleares.
Tras conocerse el mencionado aval del CSN a la prolongación de la actividad en Almaraz, la organización que preside Josep Sánchez Llibre ya salió al paso para instar a la Generalitat a defender ante Moncloa la necesidad de ampliar el ciclo productivo de Ascó y Vandellós. También apostó entonces por la apertura del debate con los reguladores, las empresas operadoras y el resto de comunidades autónomas y sectores industriales.
Riesgos
"Prescindir anticipadamente de la capacidad nuclear comportaría mayores costes energéticos, una mayor exposición a la volatilidad internacional y un riesgo de pérdida de actividad productiva", señaló por entonces la gran patronal catalana.
Por su parte, Foro Nuclear también ha llamado a aprovechar la decisión en torno a la central de Almaraz para abrir el debate sobre la necesidad de modificar el calendario, aunque de forma más sutil.
Prioridades europeas
La asociación considera "necesario utilizar este nuevo horizonte para abordar, con sosiego y rigor, el papel que debe desempeñar la energía nuclear en el futuro modelo energético español. Asimismo, resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación, en coherencia con las prioridades europeas de autonomía estratégica, competitividad industrial y descarbonización".
Por ahora, el Gobierno ha respondido a estos llamamientos con el anuncio de que Almaraz es un caso aislado, que justifica por la elevada volatilidad que se registra en los mercados como consecuencia de la incertidumbre energética internacional. Esta circunstancia hace aconsejable reforzar la resiliencia del sistema.
A pesar de esta posición, la industria no piensa desaprovechar la oportunidad para volver a poner este asunto en la primera línea del debate público y político. Frente a lo que ha sucedido finalmente con Almaraz, considera que para el resto de centrales las decisiones no deben llegar a última hora.