Fotomontaje con un bar y el logo de LaLiga Crónica Global
LaLiga echa a sus inspectores de bares y deja la lucha contra la piratería en manos de la IA
Los exverificadores alertan de que el nuevo modelo de LaLiga, sin verificadores sobre el terreno, presenta importantes lagunas jurídicas y problemas operativos
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Todo avance tecnológico acaba destruyendo empleo. Se ha escrito mucho sobre los que ya ha provocado y los que aún provocará la inteligencia artificial, pero hay unas víctimas inesperadas de esta revolución: los verificadores antipiratería de LaLiga en bares y restaurantes.
“LaLiga suma más de mil sentencias condenatorias frente a los establecimientos Horeca que cometen fraude audiovisual”, presumía la organización por estas fechas hace dos años, reivindicando el trabajo de sus verificadores.
En junio de este año, sin embargo, ha prescindido de los 22 mediante un ERE. La organización sostiene que los avances tecnológicos permiten hacer este trabajo de forma más rápida, eficaz y barata. Los exverificadores con los que ha hablado este medio, sin embargo, alertan de que el nuevo modelo presenta importantes carencias jurídicas y fallos operativos.
Los argumentos de LaLiga
Los argumentos de LaLiga para extinguir los contratos, a los que este medio ha tenido acceso a través de la carta de despido a los verificadores, son de estricta eficiencia económica y evolución tecnológica.
La organización sostiene que las inspecciones presenciales pertenecen a un modelo obsoleto, lento y reactivo, que actuaba cuando el fraude ya se había cometido.
Gracias al desarrollo de herramientas propias, argumenta, ahora puede interceptar, documentar y bloquear las señales piratas en tiempo real en los propios proveedores de internet, antes de que la emisión llegue al usuario.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas
Las cuentas y el volumen
Las cuentas también pesan. Para LaLiga, identificar un caso positivo sobre el terreno mediante un inspector cuesta 157 euros, mientras que la tecnología de bloqueo remoto de su Área de Fraude cuesta apenas 14,2 céntimos por usuario potencialmente bloqueado.
Y la diferencia de volumen es todavía mayor: mientras la unidad de verificación física registraba unos 465 usuarios al mes, las herramientas tecnológicas del Área de Fraude permiten estimar el bloqueo de 3,58 millones de usuarios mensuales.
Esto en lo que se refiere a la piratería. Para las llamadas “irregularidades contractuales” —utilizar en un bar un decodificador contratado para una vivienda particular—, para los que se necesita una persona, la detección de locales que usan tarifas residenciales de forma fraudulenta deja de depender de los inspectores de LaLiga y pasa a apoyarse en los equipos comerciales de operadores como Movistar o DAZN, cuya red de comerciales tiene, según la organización, mucha mayor presencia sobre el terreno.
![Miquel Samper](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/553621.jpg?p=w:320\/h:240&h=MEcnqmks"])
Los argumentos de los verificadores
Sin embargo, una de las afectadas con las que ha hablado este medio califica los argumentos de LaLiga de “interesados, inciertos y partidarios”.
La principal consecuencia del despido, a su juicio, está en los tribunales. Según explica, el acuerdo de despido alcanzado con los trabajadores contempla que los verificadores no acudan a testificar y que se retiren las citaciones vigentes. LaLiga se quedaría así sin los trabajadores que realizaron las inspecciones y que hasta ahora podían ratificar sus informes ante un juez.
Sin ese testimonio directo, sostiene la exverificadora, las defensas de los hosteleros podrían cuestionar las pruebas aportadas por LaLiga y pedir su absolución.
También cuestiona que la tecnología pueda sustituir a los inspectores en todos los casos. La extrabajadora asegura que la IA no puede detectar de forma remota el fraude residencial: para demostrar ante un juez que un bar está utilizando un contrato doméstico para emitir fútbol, explica, es necesario comprobar presencialmente la pantalla y validar el fingerprint, el código de identificación que aparece en el televisor.
Como se ha explicado más arriba, LaLiga espera recurrir a los equipos comerciales de sus partners de difusión para estos casos.
![Despidos a causa de IA y Juan Antonio Gallo](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/544457.jpg?p=w:320\/h:240&h=B6xtdAVu"])
"Extremadamente incomprensible"
Desde el punto de vista económico, además, la exverificadora considera “extremadamente incomprensible” la decisión. Según su versión, cada fraude residencial detectado por su equipo suponía un impacto económico inmediato de unos 3.500 euros para LaLiga y sus operadores asociados.
Sostiene además que LaLiga pretende suplir parte de la falta de inspectores sobre el terreno con su programa de denuncias ciudadanas a cambio de 50 euros.
A su juicio, sin embargo, el sistema presenta problemas: acusa a LaLiga de rechazar el pago a los denunciantes por motivos como la aparición de sombras o prendas de ropa en las fotografías y, al mismo tiempo, utilizar esas imágenes para reclamar contra los establecimientos.
La exverificadora alerta también de un posible problema de privacidad. Sostiene que los ciudadanos que realizan las denuncias, pese a hacerlo de forma anónima, pueden acabar identificados con nombre y apellidos en los procedimientos judiciales, lo que podría obligarles a comparecer como testigos.
Crónica Global ha contactado con LaLiga para conocer su versión sobre este extremo, pero no ha recibido respuesta al cierre de esta edición.
