El Reggaeton Beach Festival (RBF) no ha parado de acaparar titulares desde que el pasado 18 de junio anunció que cancelaba su gira. El último ha sido por la multa de 320.000 euros que Consumo le ha impuesto por prácticas abusivas.
Sin embargo, los trabajadores lamentan que su lucha no esté acaparando la misma atención. “Lo de Facua es antiguo y es lo de menos. A mí Facua no me va a pagar la hipoteca”, explica a este medio un trabajador de DQuality Group, la empresa organizadora del festival.
En total, son 14 trabajadores que están tomando ya medidas legales para exigir que se les pague lo que se les debe. Ahora mismo, siguen siendo trabajadores, pero están sin sueldo —julio ha sido el primer mes que no han cobrado— y sin posibilidad de recibir el paro. “Estamos en un limbo, es una situación muy triste”, lamentan.
Fotografía de una edición del Reggaeton Beach Festival (RBF)
Historia de un fracaso
El fracaso del Reggaeton Beach Festival, que este año no ha llegado a celebrar su octava edición tras un escándalo que ha dejado a los clientes tanto sin festival como sin su dinero, es un lío de acusaciones que puede resumirse de la siguiente manera:
Los antiguos administradores, Iván Sanahuja y Raúl Rojas, afrontaron problemas económicos en 2025 y decidieron buscar inversores.
El empresario ligado al mundo de la moda Ian Cerruti, nieto del histórico diseñador Nino Cerruti, fue quien acudió al rescate. Pero, como ya es sabido, más bien le dio la estocada final.
Las versiones divergen sobre quién es el verdadero culpable y será la justicia quien deba dilucidarlo. Cerruti acusa a la antigua administración de tener escondidas “debajo de la alfombra” deudas y problemas que no le fueron comunicados.
Ni un euro
Por otro lado, trabajadores y otras personas conocedoras de la situación acusan a Cerruti de no haber aportado "ni un euro" como inversor y sostienen que su gestión se basó en utilizar el dinero que entraba por la venta de entradas para pagar algunos sueldos y a proveedores. Le acusan, en definitiva, de haber urdido una estafa piramidal, en la que el dinero de los clientes se utilizaba para cubrir las obligaciones contraídas previamente.
En esta batalla, los trabajadores se ponen del lado de los antiguos administradores, que, a su juicio, hicieron lo posible para salvar el proyecto y mantener sus puestos de trabajo.
Fotografía de una edición del Reggaeton Beach Festival
Siguen con contrato activo
Tampoco le reprochan a Cerruti que les tratara mal. Más bien al contrario. Hasta el final, aseguran, les prometía que pondría en marcha otro proyecto que diera continuidad al RBF y en el que contaría con ellos. Ahora, sin embargo, los trabajadores se conforman con mucho menos: les basta con que aclare su situación laboral.
“Seguimos con un contrato activo. Él nunca nos ha despedido”, explican. Ya están en manos de una abogada y han recurrido al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que permite solicitar la extinción del contrato ante incumplimientos graves por parte de la empresa. “No nos están dando trabajo y la oficina en la que trabajábamos ya no existe para nosotros. No tenemos ni siquiera un lugar donde trabajar”.
Por todo esto, han enviado un burofax a Cerruti para comunicarle que emprenden acciones legales. El 15 de septiembre tienen el acto de conciliación. “La empresa seguramente no se presentará y, a partir de ahí, empiezan los tiempos legales. Quizá esto se alargue hasta noviembre”, lamenta el trabajador, que habla en nombre de los otros 13 afectados, ya que eso supondría que no podrían cobrar el paro hasta entonces.
“No tenemos ni el sueldo ni ninguna comunicación por parte de la empresa. Lo único que hemos recibido es un comunicado en el que Cerruti dice que él no es el administrador de la empresa”, asegura. El Borme, sin embargo, le contradice: los registros oficiales publicados en julio de 2026 confirman que Gianmaria Borra Cerruti, su nombre completo, fue nombrado administrador único de las sociedades clave del festival.
La versión de Cerruti
Este medio ha contactado con Cerruti para conocer su versión de los hechos. En un primer momento, ha intentado desmarcarse del número de teléfono desde el que se le ha contactado. “I’m not Ian”, ha sido su primera respuesta.
Posteriormente, ha asegurado que son los antiguos administradores quienes deben responder por estos impagos.