El año 2029 era una fecha marcada a fuego por los vecinos del Garraf como el fin de las vibraciones, el polvo y las molestias constantes de las canteras contiguas a sus casas. Sin embargo, el sector del cemento va a pelear para que no sea así: la industria ya ha iniciado ante la Administración los trámites para prolongar la actividad más allá de ese límite.
Para suavizar el impacto, el sector ofrece un buzón de contacto, 400.000 euros al año para el municipio y un plan de "planificación, control y un trabajo continuo para minimizarlas", buscando mantener una "interlocución permanente con los vecinos".
La respuesta de los residentes de la comarca es tajante: “No queremos canteras ni aunque nos cubran las calles de oro”, sentencia Jorge Jung, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Pueblo del Garraf, en conversación con Crónica Global.
Cementos Portland, Molins y Holcim
Detrás de estas explotaciones se encuentran gigantes del sector integrados en la patronal Ciment Català: Cementos Portland Valderrivas, Molins y Holcim.
Frente a la queja de los vecinos, que argumentan que “hay un montón de piedra en todos lados”, el director de Ciment Català, Albert Avellaneda, sostiene que las tres canteras del Garraf aportan el 54% de los áridos que necesita el área metropolitana de Barcelona.
Carretera del Garraf
El impacto del cese de actividad
Además, para respaldar su continuidad, el sector contrapone las demandas locales con las conclusiones de un estudio encargado al Institut Cerdà sobre el impacto de un hipotético cese de actividad en 2029.
“La alternativa no pasa simplemente por elegir una o varias canteras diferentes. Según el estudio, incluso con las 37 canteras de Cataluña identificadas como posibles alternativas, solo se podría sustituir, en el mejor de los casos, el 75% del material”, explica Avellaneda. El 25% restante tendría que importarse obligatoriamente desde fuera de Cataluña.
También remarcan que el desvío de la producción traería consigo un triple impacto: económico, ambiental y logístico. Según el informe, el coste medio del transporte se multiplicaría por cinco y las emisiones de CO2 asociadas se triplicarían. Para el sector, esto se traduciría en "más costes, más complejidad en los controles de calidad y un riesgo real de falta de suministro durante la transición".
A esto se le suma la presión sobre la red viaria: harían falta cuatro veces más camiones circulando por arterias que ya sufren problemas habituales de congestión, como la AP-7, la C-32, la C-17 o la B-24. Para la ciudadanía, advierte la patronal, la factura se traducirá en "obras más caras, más tráfico pesado y un mayor impacto ambiental global".
Avellaneda defiende además que "la solución no puede consistir simplemente en enfrentar a la industria con las viviendas, porque las dos son necesarias", y añade que la compatibilidad debe lograrse "ordenando bien el territorio y aplicando controles ambientales exigentes".
Macizo del Garraf
Cese "improrrogable"
Pero la paciencia en el municipio parece agotada tras décadas soportando una actividad que creían que cesaría en 2029 de forma “improrrogable”. “No es lo mismo en 1903, cuando no había nadie aquí, que en 2026, cuando en muy pocos años vamos a ser mil vecinos a solo 250 metros de las canteras”, advierte Jung.
Aseguran que les sorprendería e indignaría que el Parlament ignorara una normativa que consideran inequívoca: el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Sitges establece 2029 como una fecha "improrrogable y final".
Además, denuncian una supuesta connivencia de la Administración con las compañías cementeras y sostienen que las mediciones del impacto ambiental no se realizan en los momentos de mayor actividad de las plantas.
Desde la patronal, recuerdan en cambio que “las canteras son anteriores al crecimiento residencial del núcleo, mientras que las licencias de vivienda dependen del planeamiento y de las administraciones competentes”, situando la responsabilidad en el tejado municipal por haber permitido construir viviendas tan cerca de las explotaciones.
La balanza
A los vecinos no les falta razón cuando sostienen que la piedra es un recurso abundante, presente en numerosos sitios y que llevan años esperando 2029 como la fecha que pondrá fin a los impactos de la actividad extractiva, pero tampoco es menos cierto, como sostiene la patronal, que extraerla más lejos tendría efectos perversos sobre el mercado.
Las reclamaciones vecinales son legítimas, pero la decisión que deberá tomar el Govern trasciende el Garraf. En la balanza estará también el peso de una industria estratégica para la economía catalana y la necesidad de garantizar el suministro de cemento en un contexto marcado por el deterioro de las infraestructuras y el déficit de vivienda.