Malestar en el Ministerio de Justicia por el enésimo traspiés de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esther Pérez es el cerebro del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que ha terminado cuestionado por el Consejo de Estado.
Ha ocurrido en el departamento que dirige Félix Bolaños, donde ha medrado cierto sentimiento de desasosiego por la gestión de Pérez, a quien se considera autora intelectual del proyecto normativo.
Al criticado texto se le suman otras iniciativas de la misma directora general, como el aumento de coste de las notas registrales, el Registro Único de Alquileres —turísticos—, una plataforma que derribó el Tribunal Supremo. Ahora, los registradores se niegan a inscribirlo, como avanzó este medio.
El Consejo de Estado contesta
Por partes, el Consejo de Ministros aprobó en febrero el anteproyecto de ley. Tras ello, el Ejecutivo de coalición envió el dosier al Consejo de Estado, que lo evaluó.
Fue en esta instancia donde el texto se llevó un revolcón. Como avanzó El Confidencial, el organismo pidió al Gobierno modificar el proyecto, pues acarrea problemas para la seguridad jurídica al eliminar la escritura pública previa y el control notarial de los documentos.
El dictamen, que firma la exministra socialista Carmen Calvo, cuestiona que "los loables objetivos de lucha contra la corrupción puedan lograrse de ese modo".
La exministra Carmen Calvo, en su etapa en el Gobierno
Censura
Una opinión crítica que se suma a las expresadas anteriormente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo Fiscal.
En el caso del órgano de gobierno de la justicia, se alertó del peligro de eliminar el trámite de registro de transmisión de las participaciones sociales, así como de la falta de independencia de la Agencia Independiente de Integridad Pública, ente clave contra la corrupción que dependería del Ministerio de Hacienda.
Parar las mercantiles
Más dura si cabe fue la crítica de la Comisión General de Codificación, que previno de "importantes riesgos jurídicos", "graves errores" y "falta de coherencia".
En el mismo sentido, el organismo que asesora al propio Ministerio de Justicia afloró un posible riesgo más grave si cabe: la parálisis de las sociedades mercantiles por el cambio de trámites en la transmisión de las participaciones sociales.
Firma de Pérez
Este ramillete de críticas lo ha encajado un texto que, si bien formalmente emana del Ministerio de Hacienda, lleva el marchamo de un alto cargo de otro departamento: Pérez, que ideó la batería de medidas, insisten fuentes conocedoras.
Algo que, según fuentes consultadas, irrita dentro y fuera del Ministerio de Justicia, puesto que quien encarna el espíritu del anteproyecto de ley es, de profesión, fiscal.
De hecho, la que es directora general de Seguridad Jurídica desde 2023 dirigió antes el Ministerio Público en Valladolid. Acumula 33 años de carrera como fiscal.
El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
Tropiezos
Esa trayectoria no es óbice para que el paso de Pérez por el Ministerio haya levantado algunas polémicas. Además de este último anteproyecto de ley, se afea al equipo de Pérez cuadruplicar el precio de las notas simples que emite el Registro de la Propiedad.
Un movimiento que ha provocado al menos 3.500 recursos de alzada y una sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sin que ahora exista consenso total sobre qué aplicar.
Registro de alquileres
Lo más polémico ha sido, sin duda, el Registro Único de Alquileres, una medida derivada de un real decreto que el Tribunal Supremo anuló en junio.
Por el camino se inscribieron más de 220.000 referencias, con las consiguientes ganancias para los registradores. Ahora, sin embargo, éstos se niegan a seguir haciéndolo ante el riesgo de inseguridad jurídica.
Una nota que cuesta dinero
En último lugar, la gestión de Pérez ha recalado en la polémica con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que vio la luz en 2022 por amplia mayoría: 182 votos a favor, solo 70 en contra y 88 abstenciones.
Tras la aprobación del texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ese consenso se ha quebrado, puesto que desde algunos círculos se critica la obligatoriedad de inscribir una aclaración en las notas registrales que certifique que unos terrenos están libres de polución.
Ello pagando, claro, lo que genera ingresos extra al mismo colectivo y una carga adicional para los ciudadanos.