Fotomontaje del ministro Arcadi España y el hospital de Figueres de fondo
Hacienda asfixia a tres históricas fundaciones sanitarias catalanas, una de ellas creada en 1313
La Agencia Tributaria cercena la autonomía de los hospitales de Santa Coloma, Figueres y Palamós, que han impugnado la decisión mientras reestructuran sus patronatos
La Intervención General de la Administración del Estado defiende la reclasificación y recuerda que la Generalitat "mantiene la tutela"
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La Hacienda nacional ha irrumpido para poner orden en tres fundaciones sanitarias catalanas que son centenarias, una de ellas fundada en el año 1313. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha cercenado la independencia de los entes que gobiernan los hospitales de Palamós, Figueres y Santa Coloma de Gramenet, creando un conflicto mayúsculo en el sector.
Lo han revelado fuentes de la industria, que han precisado que la IGAE intervino hace unos meses para avisar a estas asociaciones de que las reclasifica como sector público. Eso significa que deben cambiar la composición de sus patronatos y someterse a la Intervención de la Generalitat de Cataluña.
Desde entonces, los entes libran una batalla para revertir la decisión. Se han apoyado en la patronal Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), que ha presentado alegaciones a la resolución de Hacienda. Pero, eso sí, ya reestructuran sus órganos de gobierno para evitar sanciones.
Reclasificación contable
El origen del conflicto es, en apariencia, un tecnicismo. Un comité técnico formado por la IGAE, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España envió hace semanas volantes a diversos entes, avisándoles de que los clasificará como sector público.
Lo hace para ajustar todo el sector público español al Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) y que, de este modo, se armonice la Administración pública nacional con la del resto de la unión económica y monetaria.
El Hospital de Santa Coloma, cabecera de la Fundació Esperit Sant
"Liquida su autonomía"
El cambio, que puede parecer menor y cosmético, ha caído como una carga de profundidad en las fundaciones afectadas. Son la Fundació Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet; Fundació Salut Empordà (Hospital de Figueres) y la Fundació Hospital de Palamós.
¿Por qué lo rechazan? "Porque significa que entidades de derecho privado pasan a estar bajo el estricto control y fiscalización del Estado", explican las fuentes consultadas. En síntesis, creen que "pierden una autonomía" que hace décadas, cuando no siglos, que tienen.
En efecto, Figueres es una fundación centenaria, cuyo origen se remonta a 1313, a los monasterios medievales de asistencia sanitaria a los pobres. A su vez, Palamós recuerda una fecunda historia nacida en 1768. Por su parte, Esperit Sant vio la luz en 1917.
Desde entonces operaban de forma autónoma, aunque concertadas con la sanidad pública catalana en los últimos años. Ahora, eso ha cambiado. Serán --a efectos estadísticos-- tan públicas como el ICF o Aeroports de Catalunya.
Hacienda: "La Generalitat las tutela"
¿Qué dice la Agencia Tributaria? A preguntas de este medio, un portavoz ha defendido que "ninguna de esas tres fundaciones está registrada en Invente", el inventario nacional de fundaciones. Por ende, "no constan como fundaciones públicas que formen parte del sector público autonómico".
![Imagen de un centro de atención primaria (CAP) en Girona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/552401.jpg?p=w:320\/h:240&h=cifqipEd"])
¿Dónde figuran, pues? "Las tres están sectorizadas en términos de contabilidad nacional como fundaciones privadas clasificadas en CN dentro de Administraciones Públicas-Administración Regional. Por lo que su control lo ejerce la Generalitat de Cataluña".
"No pierden autonomía"
En cualquier caso, la medida "no tiene por qué suponer en ningún caso pérdida de autonomía de la gestión de la fundación", insiste Hacienda.
El ministerio que preside Arcadi España (PSOE) apostilla que "es una clasificación en términos económicos para encuadrar debidamente a la entidad siguiendo la normativa europea de cuentas públicas como productor o no de mercado".
La patronal discrepa e impugna
La patronal rechaza esta versión. CSC ha entrado alegaciones contra la decisión de la IGAE, confirman desde la organización empresarial a Crónica Global.
Creen que, en efecto, reclasificar tres fundaciones "les hace perder autonomía" financiera y de gestión.
Y recuerdan que la decisión llega en paralelo al proyecto de ley que impulsa la polémica ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), que busca expulsar del sistema público la provisión sanitaria no directa, como la que llevan a cabo los propios Esperit Sant, Figueres y Palamós.
Vista aérea del Hospital de Palamós
Nuevos patronatos
En cualquier caso, el conflicto ya ha provocado un primer efecto. Las fundaciones alertadas han iniciado trabajos para recomponer sus patronatos.
Lo corroboran Esperit Sant y Salut Empordà --la decana--, cuyas portavoces admiten a este medio "trabajos, en coordinación con las otras fundaciones, para analizar los escenarios de futuro que podrían afectar a la organización" después de que la IGAE las "clasificara como sector público".
Esa decisión la argumentó Hacienda por "la composición de sus patronatos y el contenido de sus estatutos". Por ahora, ya hay una "revisión de la gobernanza", a la espera de si surten efecto las alegaciones de la patronal.
Por su parte, el Hospital de Palamós no ha contestado a Crónica Global.
Todo público contra pluralidad
A la espera de la resolución del contencioso, lo factual es que la decisión de Hacienda ha caído mal en el sistema sanitario catalán. Una red que, a diferencia de la norma nacional, se asienta sobre la pluralidad de proveedores, organizados en la red concertada Siscat.
![El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Cataluña](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/554013.jpg?p=w:320\/h:240&h=1VWFgh52"])
Esta diversidad la han defendido el propio CSC, el lobi Cercle de Salut, Junts en el Congreso de Diputados y el propio conseller de Presidencia, Albert Dalmau (PSC), frente al proyecto de ley de Sanidad, que busca homogeneizar en torno a lo 100% público la asistencia sanitaria en España.
