Xavier Vilajoana, presidente de APCE
Vilajoana lamenta en el Congreso que el bloqueo político impide generar más viviendas
El presidente de APCE advierte que España acumula casi una década de retraso en la aprobación de modificaciones técnicas debido a la polarización, lo que paraliza la activación de suelo en plena crisis residencial
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El presidente de APCE, Xavier Vilajoana, ha alertado este lunes en el Congreso de los Diputados de que España acumula casi diez años de parálisis para lograr aprobar una reforma ampliamente consensuada y fundamental que desbloquee la producción de vivienda en el país.
Durante su comparecencia ante la Mesa de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, ha advertido que esta reforma lleva años siendo reclamada de forma unánime por administraciones, juristas, técnicos y operadores del sector. De momento, sin éxito.
Por ello, ha lamentado que el sistema político haya sido incapaz de convertir este amplio consenso técnico en una mayoría parlamentaria real.
"Sabemos cuál es el problema, conocemos la solución y también sus consecuencias. El debate ya no es de diagnóstico, sino de voluntad política", ha subrayado.
Incoherencias
Para el presidente de APCE, ha existido una incoherencia flagrante entre la demanda social de soluciones habitacionales y las herramientas normativas disponibles. "Estamos ante una contradicción evidente: reclamamos más vivienda, pero mantenemos mecanismos que dificultan generar suelo y activar nuevas promociones", ha aseverado.
Como muestra del impacto de este bloqueo, Vilajoana ha expuesto la situación de Cataluña, territorio que sufre un déficit estructural de vivienda pero que, paradójicamente, cuenta con 179 sectores identificados con potencial para desarrollar hasta 214.000 viviendas.
Muchos de estos desarrollos se han quedado completamente paralizados administrativamente o expuestos a graves riesgos jurídicos debido a la rigidez del sistema legal.
Foto de familia de los galardonados con los Premios APCE 2025, acompañados del presidente de la Generalitat, Salvador Illa y de Xavier Vilajoana, presidente de APCE
El dirigente sectorial ha insistido en desmarcar esta reclamación de una mera defensa de los intereses empresariales, argumentando que se trata de un "problema de gobernabilidad del territorio" que afecta de forma directa a las administraciones locales y a la gestión de las ciudades.
En este sentido, ha recordado que alcaldes de múltiples signos políticos han compartido la frustración de ver cómo planeamientos urbanísticos que han requerido más de una década de trabajo técnico han caído por completo en los tribunales debido a meros defectos de forma.
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"Cuando un planeamiento urbanístico desaparece tras más de una década de trabajo, no fracasa solo un documento, fracasa una política pública entera", ha enfatizado, y ha señalado las graves consecuencias que la "nulidad en cadena" ha provocado en los municipios y la ciudadanía.
Casos concretos
Para ilustrar este diagnóstico, Vilajoana ha expuesto casos concretos de disfunción del sistema, como la anulación judicial del planeamiento urbanístico de Tarragona por la falta de un informe sectorial, o el de Canet de Mar, invalidado por una insuficiencia documental en su memoria social.
Ha recordado que, años después de estas sentencias, las localidades afectadas han seguido sin disponer de un nuevo plan aprobado, lo que ha demostrado que los defectos de procedimiento deberían poder corregirse sin necesidad de destruir la totalidad de la norma urbana. "No hemos pedido permisividad ante la ilegalidad; hemos demandado proporcionalidad en las consecuencias jurídicas", ha aclarado.
El presidente de ACPE, Xavier Vilajoana
Al cierre de su intervención, el presidente de APCE ha lanzado un firme llamamiento a los diferentes grupos parlamentarios para que eviten que la reforma legislativa quede nuevamente atrapada en debates ideológicos o dinámicas de polarización.
"Toda la ciudadanía y los representantes hablan de emergencia residencial, pero seguimos sin aprobar las normas que permiten generar la vivienda", ha recriminado.
Vilajoana ha concluido apelando al sentido común jurídico: "La reforma que hoy se debate no es ideológica. Es una reforma de sentido común jurídico. Si esta reforma fracasa de nuevo, no será por falta de diagnóstico. Será un fracaso colectivo", ha dicho.
