Francesc José María Sánchez (Barcelona, 20 de noviembre de 1955) es uno de los abogados y gestores más influyentes en el ámbito del derecho sanitario, los servicios sociales y la bioética en Cataluña.
Director general de la patronal Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) --que rivaliza en influencia con la otrora todopoderosa UCH-- desde noviembre de 2025, suma una trayectoria de más de cuarenta años vinculada al sector público y concertado de la salud.
Es vocal del Comité de Bioética de Cataluña y vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia.
-El CSC se ha posicionado muy claramente en contra del proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Sanidad. Tras los recientes matices introducidos, ¿mantienen este posicionamiento o están satisfechos?
-Nos posicionamos en contra, en primer lugar, porque entendemos que es una ley que invade las competencias autonómicas. Todas las autonomías que han recibido las transferencias tienen la competencia exclusiva en la gestión del sistema de salud; por lo tanto, el ministerio podría legislar para Ceuta y Melilla (Ingesa), pero no para el resto de comunidades. Hay un problema de inconstitucionalidad porque va en contra del bloque constitucional y de los estatutos. En segundo lugar, la ley choca frontalmente con nuestro modelo.
-Habla usted de la colaboración público-privada.
-Cataluña no es Madrid; los fracasos y las irregularidades que han surgido en Madrid con las concesiones administrativas no tienen nada que ver con nuestro modelo de colaboración público-privada. Nuestro modelo tiene un enorme arraigo histórico en la sociedad civil y la Iglesia, con fundaciones que prestan servicio desde mucho antes de las primeras Cortes Catalanas de 1283.
El Tribunal Constitucional se ha hartado de decir que la naturaleza jurídica de la entidad proveedora no desnaturaliza la naturaleza del servicio público, siempre que este tenga financiación pública, acceso universal y la cartera de servicios la establezca la administración.
"Cataluña no es Madrid, las concesiones no tienen nada que ver con nuestro modelo"
-Desde el ministerio se argumenta que el modelo de externalizar ha fracasado y se debe apostar por la gestión pública directa.
-Los hospitales no son autopistas. Las concesiones administrativas se usan en autopistas de peaje o aguas, pero en un hospital nos jugamos la salud, la integridad física y moral, la intimidad y la confidencialidad. En la teoría el sistema de concesión podría ser bueno, pero la cosa se complica cuando en la gestión privada introduces la "bata blanca" y la atención sanitaria al paciente. Ahí salen casos como el del Hospital de Torrejón, donde el CEO pedía ahorrar en cosas donde no se puede ni se debe ahorrar.
-Ustedes no comparten ese modelo.
-En la práctica, en España se ha demostrado que ese modelo no ha funcionado, pero debe quedar bien claro que ese no es el modelo de colaboración público-privada que tenemos en nuestra comunidad.
-¿Qué mensaje envían a los diputados catalanes en el Congreso ante la tramitación de esta ley?
-Sencillamente, que voten en contra. Por los motivos de inconstitucionalidad y porque este modelo sanitario catalán ha surgido del consenso político mayoritario durante 40 años; no ha caído del cielo. Les pedimos que no vayan en contra de lo que hemos construido entre todos.
"Pedimos a los diputados catalanes que no vayan en contra de lo que hemos construido entre todos"
-La ministra ha asegurado en sede parlamentaria que este proyecto no amenaza ni al catalán ni al modelo. ¿Es así?
-Hay una disposición transitoria que asegura que los actuales contratos y convenios se mantendrán, faltaría más, pero no da ninguna garantía de futuro sobre qué pasará cuando terminen. Además, por la puerta de atrás han modificado los requisitos de los consorcios sanitarios. En Cataluña están muy arraigados y la normativa general prevé que puedan participar entidades privadas (como la Cruz Roja o fundaciones) sin que el consorcio pierda su naturaleza pública.
Sin embargo, la norma de la ministra exige que estén formados únicamente por administraciones y entidades públicas, lo que va en contra de la normativa básica consorcial.
-¿Cómo valora el papel del PSC, partido que fue parte de ese consenso autonómico catalán?
-Confiamos totalmente en que el PSC hará honor a su palabra y en que sus diputados en Madrid no votarán a favor de la ley. El consejero de Salud en funciones hizo una defensa clara de nuestro sistema y mostró la total oposición del Govern de la Generalitat al modelo que se deduce de la ley de la ministra.
-Si la ley llegara a ejecutarse, ¿qué impacto tendría sobre el gran problema de los ciudadanos, las listas de espera?
-No tendría ningún efecto porque las listas de espera no derivan del modelo de gestión, sino de problemas estructurales: falta de profesionales, rigidez general del sistema y una gran presión asistencial debido al envejecimiento y al aumento de población, pasando la Cataluña de los 6 millones a los 8 millones y medio. El problema no es de gestión, y, de hecho, la ley de Mónica García pretende derogar una normativa anterior que precisamente buscaba habilitar nuevas formas de gestión más ágiles garantizando su naturaleza pública.
"¿Listas de espera? Hay un gran problema estructural con el envejecimiento y el aumento de población"
-Una de las ideas fuerza de la ministra es expulsar el ánimo de lucro del sistema sanitario. ¿Cómo ve esta medida?
-Desde la perspectiva de la bioética, obtener beneficio de una actividad para la administración es reprobable si es a costa de unas malas condiciones laborales o de una mala calidad del servicio, como pasó en Torrejón. Sin embargo, es perfectamente lícito y legítimo si es consecuencia de una buena gestión y de la innovación.
Las administraciones tienen la obligación de buscar fórmulas menos rígidas y mastodónticas que la función pública, la cual puede ir bien para el Ministerio de Agricultura, pero no para gestionar un centro de salud los 365 días del año. La sanidad necesita adaptarse rápidamente a los cambios epidemiológicos y tecnológicos, por lo que esta ley rema en sentido contrario a donde debería ir la gestión.
-¿Les genera tranquilidad la reciente aprobación de los presupuestos de la Generalitat?
-Es una muy buena noticia, ya que estábamos con las cuentas prorrogadas desde 2023 y habríamos agotado el crédito en octubre. Se desbloquean 365 millones para inversiones, algo muy necesario porque no teníamos ni para reponer bombillas.
No obstante, sigue faltando dinero: hay una brecha de unos 3.000 millones respecto al gasto real con el que cerramos el año pasado (16.000 millones frente a los 13.000 presupuestados). Este problema solo se solucionará cuando tengamos un nuevo modelo de financiación autonómica.
"A la 'consellera' Olga Pané le pondría una nota de notable muy alto"
-Para terminar, ¿qué nota del 0 al 10 le pondría a la labor de la actual consejera de Salud?
-Le pondría un notable muy alto. Reconozco que no puedo ser muy objetivo porque nos conocemos desde hace 40 años, pero es una consejera con una formación técnica considerable, que conoce muy bien el sistema, los informes de la OMS y la OCDE.
Ha sido valiente al impulsar la reforma del Cairos y ha renovado el mapa sanitario, que llevaba 17 años sin tocarse. Es normal que la gestión te genere enemigos, pero ha sido una muy buena gestora y ahora es una muy buena consejera