Los promotores piden retoques al Plan 50.000 del Govern para acelerar la creación de vivienda asequible

El programa de la Generalitat para construir 50.000 viviendas públicas o asequibles para 2030 ha despertado el interés de los promotores, pero piden cambios en el diseño de lotes para captar más inversión.

Según han explicado en un comunicado este lunes, el primer concurso de agrupaciones solares ha generado una respuesta empresarial desigual, con algunos lotes muy demandados y otros con una participación "limitada".

“El Plan 50.000 necesita afinar mucho la siguiente fase si quiere conseguir el objetivo marcado por el presidente Illa”, advierte el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana.

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Aspectos a revisar

Este primer concurso ha puesto en el mercado suelo con capacidad para 1.940 viviendas, distribuidas en cuatro lotes territoriales, y según la APCE, aporta información valiosa para mejorar los próximos procesos.

Entre los aspectos que creen conveniente revisar, destacan la exigencia de aportar un 20% del capital del coste total de la actuación, un umbral que consideran “muy elevado” y que limita la entrada de promotores medianos, sociales y empresas locales.

También lamentan que la configuración de algunos lotes tenga una “dispersión territorial excesiva”, agrupando municipios muy alejados entre sí y mercados residenciales con “necesidades y dinámicas muy diferentes”.

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Mayor homogeneidad y eficiencia

Asimismo, los promotores señalan la conveniencia de diseñar agrupaciones más homogéneas, eficientes y territorialmente coherentes, “sin que sea necesario conseguir volúmenes de 400 o 500 viviendas en cada agrupación”.

También ponen en valor la necesidad de que los lotes generen economías de escala reales: “La simple proximidad geográfica de algunas promociones no implica necesariamente una reducción efectiva de costes ni una gestión más eficiente”.

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Estabilidad y seguridad jurídica

Por último, piden evitar la incorporación de solares con obligaciones accesorias, como locales de difícil comercialización o ratios de aparcamiento elevados, así como estabilidad en la regulación y la seguridad jurídica para movilizar inversión privada a largo plazo.

En esta línea, advierten de que el contexto económico internacional obliga a tramitar adecuadamente estos procesos de adjudicación, “ante el impacto que eventuales conflictos geopolíticos pueden tener sobre los tipos de interés, los costos de financiación y especialmente sobre los costos de construcción, que en los últimos períodos ya se han situado por encima de la evolución del IPC”.