El empresario Iván Carrillo, implicado en este caso, con el edificio del ICO en el fondo
Iván Carrillo y el CF Gavà, entre los beneficiarios de la trama que saqueó 20 millones en créditos del ICO
El conocido empresario catalán participó a título lucrativo, beneficiándose de más de medio millón de euros procedentes de los fondos obtenidos de forma fraudulenta
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Mientras miles de empresas y autónomos luchaban por sobrevivir a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, una red criminal asentada en Cataluña se aprovechó de la coyuntura para saquear más de 20 millones de euros en créditos avalados por organismos públicos.
La Fiscalía sitúa al frente de este entramado a Jordi Ribadulla, señalado como cabecilla de la trama; a su derecha, su gestor, Fernando José Mouriño, encargado de tramitar las solicitudes y generar la cobertura documental falsa que permitió engañar a los bancos.
Los beneficiarios lucrativos
El fraude, a la espera de juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona, dejó un rastro de decenas de sociedades pantalla, testaferros y una compleja red de desvío de fondos.
Pero el dinero no terminó solo en manos de los responsables directos de la estafa.
Entre los beneficiarios finales del flujo económico ilícito aparece un nombre conocido en Cataluña: el empresario Iván Carrillo, mecenas del fútbol catalán y presidente del Gavà FC.
Según se extrae del escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, Carrillo presuntamente participó a título lucrativo tras recibir más de 500.000 euros procedentes de los fondos obtenidos de forma fraudulenta.
Carrillo y el CF Gavà
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, Carrillo recibió 500.045,86 euros procedentes de la red liderada por Ribadulla.
El dinero habría sido canalizado a través de varias sociedades vinculadas al empresario, entre ellas Expugnate SL, Casino Albatros SL, Torrats Property Spain SL y, cómo no, el Club de Fútbol Gavà, utilizadas como vehículo para recibir parte de los fondos desviados.
El trabajador de un comercio cierra su establecimiento el primer día del cierre total de la hostelería y de tiendas por el coronavirus
La Fiscalía sostiene que esos pagos no respondían a ninguna contraprestación real, es decir, no existía prestación de servicios, venta de bienes o actividad económica que justificara las transferencias.
Por este motivo, el empresario no figura entre los acusados que idearon el fraude o falsificaron documentación, pero sí dentro de la categoría jurídica de partícipe a título lucrativo, una figura prevista en el artículo 122 del Código Penal.
Hasta 96 beneficiarios
La figura del partícipe a título lucrativo, pues, se aplica a personas que no participaron directamente en la ejecución del delito, pero que se beneficiaron económicamente del dinero obtenido de forma ilícita.
En el caso de la trama investigada por el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, la Fiscalía ha identificado hasta 96 personas físicas que recibieron parte de los fondos procedentes del fraude.
Algunas, como Carrillo o el empresario Marceli Nadal, habrían canalizado cantidades cercanas al medio millón de euros a través de sociedades mercantiles.
Iván Carrillo, empresario
Otros beneficiarios recibieron transferencias de menor cuantía —desde decenas de miles de euros hasta cantidades simbólicas— dentro del complejo circuito financiero diseñado para dispersar el dinero.
Entre ellos también figura Deysi Alexandra Rojas, pareja sentimental del presunto cabecilla de la trama, que habría recibido más de 387.000 euros.
¿Qué pide el fiscal?
A diferencia de los principales acusados —para quienes la Fiscalía solicita penas de hasta 14 años y medio de prisión—, los partícipes a título lucrativo no se enfrentan a penas de cárcel.
Sin embargo, la ley les obliga a restituir íntegramente las cantidades recibidas, ya que ese dinero procede del fraude cometido contra bancos y organismos públicos.
En el caso de Carrillo, las acusaciones reclaman la devolución de los 500.045,86 euros percibidos.
![Bryan, el](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/03\/06\/business\/1003742739179_15799839_320x180.jpg"])
Los perjudicados
Además del Ministerio Fiscal, también dirigen acciones contra los participantes lucrativos, la Abogacía del Estado —en representación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)—, Caixabank y Avalis de Cataluña, que buscan recuperar el dinero desviado de los préstamos concedidos durante la pandemia.
Para garantizar esa devolución, el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona ha ordenado a Carrillo y al resto de beneficiarios que presten fianza o afronten el embargo de bienes.
Todos ellos deberán comparecer en el juicio oral que se celebrará en la Audiencia Provincial de Barcelona en calidad de responsables civiles por el dinero recibido.
Un trabajador bajando la persiana de su comercio durante la pandemia del coronavirus
Entramado de empresas pantalla
Las ayudas de las que se beneficiaron los acusados consistían principalmente en préstamos concedidos por bancos, pero avalados parcialmente por el Estado a través del ICO o por organismos públicos como Avalis, dependiente del Institut Català de Finances.
Por ello, con Jordi Ribadulla al frente, esta organización diseñó un entramado de empresas pantalla utilizadas para solicitar los préstamos millonarios a las distintas entidades financieras.
Sobre el papel, estas compañías cumplían todos los requisitos para acceder a las ayudas. En la práctica, sin embargo, la red presentaba ante los bancos documentación completamente manipulada para simular que las empresas estaban al corriente de sus obligaciones fiscales.
![Fotomontaje con una tienda de Suarez, un rolex y el logo de Andorra](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/02\/12\/business\/1003742732203_15712774_320x180.jpg"])
Fue así como lograron acceder a préstamos millonarios que terminaron generando un fraude superior a los 20 millones de euros, ahora pendiente de juicio en la Audiencia de Barcelona.
