La subida del SMI llega a 286.000 catalanes y reabre el debate entre patronal y sindicatos

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales en 14 pagas, aprobado a mediados de febrero por el Gobierno, tendrá un impacto directo en alrededor de 286.600 trabajadores en Cataluña.

Así lo estima el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que calcula que la medida, aplicada con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas en toda España.

Sin embargo, la subida del 3,1% interanual —pactada entre el Ejecutivo, CCOO y UGT, pero con el rechazo frontal de la CEOE— ha vuelto a poner de manifiesto la polarización entre los agentes sociales catalanes respecto a cómo abordar la pérdida de poder adquisitivo frente a la escalada de los costes empresariales.

El baile de cifras 

Pese a los datos de Moncloa, los sindicatos manejan cálculos más conservadores. CCOO y UGT estiman que el alza beneficiará a unos 200.000 asalariados catalanes (entre el 6% y el 12% del total estatal).

Sectores históricamente precarizados como el trabajo doméstico, la agricultura, la hostelería y el comercio serán los grandes beneficiados de esta actualización automática.

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En términos relativos, el impacto en Cataluña es menor que en otras autonomías: afecta a un 5,9% de la población asalariada, frente al 13,2% de Andalucía o el 7,2% de Madrid.

La explicación radica en que el coste de vida y los sueldos medios en la comunidad ya son superiores a la media estatal.

El 'salario mínimo catalán'

Precisamente por ello, desde UGT Cataluña, su secretario de Política Sindical, Òscar Riu, ha aprovechado la coyuntura para reclamar un Salario Mínimo de Referencia Catalán (SMRC).

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Esta herramienta fijaría el suelo salarial en el 60% del sueldo medio del territorio, adecuando los ingresos a la realidad económica y al nivel de precios de Cataluña.

La factura para las empresas

En la otra cara de la moneda, las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec han pedido cautela frente a lo que consideran un duro golpe a la competitividad, especialmente para pymes y autónomos, que conforman el grueso del tejido productivo catalán.

Yesika Aguilar, directora de Relaciones Laborales de Foment, ha advertido que el impacto no debe medirse solo en nóminas. Según los cálculos de la patronal, sumar el salario base a las cotizaciones de la Seguridad Social eleva el coste real del SMI a unos 1.900 euros mensuales por empleado.

Imagen de Josep Ginesta, secretario general de Pimec Europa Press

Por su parte, el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha recordado que el desajuste entre sueldos y coste de la vida no responde únicamente a salarios bajos, sino a la espiral inflacionista de bienes básicos como la vivienda o la energía.

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Las grandes empresas, apuntan desde la patronal, tienen músculo para absorber y trasladar este coste extra, pero las microempresas ven amenazada su viabilidad.

SOS por contratos públicos

Ante este escenario, Foment y Pimec han puesto sobre la mesa una reivindicación conjunta: la necesidad urgente de modificar la ley de contratos públicos.

Las patronales exigen que las empresas que prestan servicios a la Administración (como limpieza o seguridad) puedan indexar este incremento del SMI a sus contratos, evitando así asumir a pérdidas unas subidas salariales decretadas por el propio Estado.

Ambas organizaciones insisten en que las mejoras retributivas no deben imponerse por decreto, sino articularse a través de la negociación de los convenios colectivos, ligándolas siempre a un aumento previo de la productividad.