Una jueza de Barcelona ha acordado volver a intervenir las fundaciones privadas Cellex y Mir Puig, herederas del patrimonio del empresario y mecenas Pere Mir, al ver "reforzados" los indicios de la "deslealtad" con la que actuaron sus albaceas, investigados por un presunto desvío de fondos de estas entidades.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 12 de Barcelona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, ordena que el Protectorado de Fundaciones de Cataluña, dependiente de la conselleria de Justicia, asuma la administración de Cellex y Mir Puig, por un periodo de seis meses prorrogable.
Albaceas investigados
La jueza también ha decidido impedir que los albaceas investigados por el presunto desvío accedan a sus bienes, para garantizar una eventual responsabilidad patrimonial, como solicitó la Fiscalía.
La magistrada investiga si Josep Tabernero -jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona-, y Jordi Segarra, ambos albaceas de Pere Mir, se apropiaron de fondos de las fundaciones herederas del patrimonio del empresario y mecenas, fallecido en 2017, y su esposa Núria Pàmies, quien murió un año después.
Presunto perjuicio de más de seis millones de euros
La magistrada, que en abril del pasado año destituyó a los patronos y administradores de las fundaciones ante las sospechas de administración irregular, cifra en 6,2 millones de euros el perjuicio causado y apunta a que Segarra y Tabernero se apropiaron, presuntamente, de 287.968 y 954.000 euros.
La sección novena de la Audiencia de Barcelona acordó en octubre pasado dejar sin efecto la intervención que la jueza ya había acordado -porque no dio suficiente tiempo a las defensas para analizar toda la documentación- y devolvió la causa al momento inmediatamente anterior a la vista de medidas cautelares.
Posible administración desleal
Por este motivo, el pasado 10 de diciembre se celebró una nueva comparecencia, tras la cual la magistrada ha vuelto a acordar la intervención de ambas fundaciones.
Para la jueza, la "sospecha" de que los albaceas están liquidando los activos sin preservar el equivalente económico a favor de los últimos beneficiarios de la herencia, las fundaciones Mir Puig y Cellex, justifica la investigación penal por un delito de administración desleal y hace necesario garantizar el remanente por si una eventual sentencia resuelve que debe ir a los "legítimos beneficiarios".
Nueva intervención
Según la juez, los argumentos que sirvieron para acordar la primera intervención judicial, en abril del pasado año, se mantienen en "todos sus extremos" y "aún cabe considerarlos reforzados", tras los resultados de la investigación.
En este sentido, la magistrada remarca que tras más de ocho meses de investigación, los argumentos planteados por las defensas no permiten reconsiderar los indicios de que los albaceas actuaron de forma "desleal".
"Indicios de criminalidad"
Según la juez, las premisas de las defensas, que se centran en que fue el propio Mir quien transfirió en vida buena parte de sus bienes a entidades panameñas y que encomendó "amplísimas facultades" a Segarra, son valoraciones que por ahora no anulan los "indicios de criminalidad que han sido detectados" y que dieron origen al procedimiento penal.
Sin negar la existencia del denominado "patrimonio separado", la jueza resalta que Mir dio "instrucciones protocolarizadas" para que las fundaciones Cellex y Mir Puig fuesen las "destinatarias finales" de su patrimonio, por más que diese amplios poderes a Segarra.
Este punto, según la jueza, "permite razonablemente dar sustento a la hipótesis delictiva que pasa por considerar la deslealtad de los albaceas en el desarrollo de sus funciones, no sólo como gestores y liquidadores del patrimonio personal de los consortes Mir-Pàmies, sino asimismo como gestores de la totalidad de los bienes que, perteneciendo a Pere Mir, éste adjudicó a las fundaciones panameñas".