Rogasa, de nuevo en el ojo de la tormenta. La constructora, responsable de un gran número de obras en el área metropolitana de Barcelona, también estaba comisionada para realizar la ampliación del laboratorio IRTA-CReSA del que podría haber salido el virus de la peste porcina africana.
De momento, se desconoce la causa que provocó la fuga de la enfermedad pero, tal y como adelantó El País, hacía ya tres meses que la empresa Rogasa ejecutaba obras en el recinto. Ante las preguntas del medio, el laboratorio no quiso confirmar ni desmentir la posibilidad de que un descuido en la bioseguridad, causado por los trabajos que se estaban realizando en el edificio, pudiera ser el origen del brote. Sin embargo, el historial de la empresa da pie a dudas.
Problema en Castilla y León
En lo que a “mala praxis” se refiere, no es la primera vez que la empresa causa revuelo. Este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León penalizó a Rogasa con 590.000 euros por las deficiencias con las que entregó un inmueble que había sido comisionado a la constructora, según recogía El Diario de Segovia a principios de año.
Rogasa era la constructora contratada para la finalización de la obra del edificio del CIDE. Inicialmente, los trabajos se licitaron en octubre de 2018 a Rogasa Construcciones y Contratas, con un contrato de casi tres millones de euros. Un año después, el contrato se modificó al alza, alcanzando finalmente un total de 3.868.479,63 euros.
Las obras estaban previstas para concluir el 9 de enero de 2020, pero acabaron por retrasarse. Cuando se entregó el edificio, el Ayuntamiento se negó a recepcionarlo, al determinar que las instalaciones no se encontraban en las condiciones adecuadas.
Por lo tanto, no solo fue entregado en mal estado, sino también más tarde de lo previsto inicialmente. Por esta razón, el tribunal decidió penalizar a la empresa con un pago inferior al pactado en un comienzo.
La antigua sede de Convergència
Trama del 3%
En Cataluña, Rogasa también ha protagonizado diversas polémicas. La más sonada tuvo lugar hace ya algunos años, pero su impacto la sitúa como una de las más relevantes: su vinculación con la conocida trama del 3%. Para quien no lo recuerde, el nombre hace referencia a las presuntas comisiones que, durante años y hasta 2015, habrían cobrado distintos cargos y responsables del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas.
Durante ese periodo, según la investigación judicial, desde la Generalitat y otros organismos públicos vinculados al partido se habrían adjudicado de forma irregular numerosos contratos de obra pública. No obstante, el procedimiento judicial centra el foco en 31 contratos concretos, cuyo importe conjunto asciende a 227 millones de euros, considerados representativos del presunto sistema de financiación irregular investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
Entre las empresas beneficiadas por estas adjudicaciones figura Rehac, cuyo único accionista es Rogasa, así como la propia Rogasa. Ambas sociedades aparecen en la instrucción judicial como adjudicatarias de contratos públicos bajo sospecha de irregularidades en la valoración técnica y en los procedimientos administrativos empleados para su concesión.
Su presidente, investigado
En el marco de esa investigación, Juan Luis Romero Gamero, presidente de Rogasa, fue detenido en octubre de 2015 durante una de las fases más relevantes del denominado caso del 3%, en una operación coordinada por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
Su nombre figura entre los empresarios investigados por su presunta relación con el sistema de comisiones que, según la acusación, habría servido para financiar de forma irregular a CDC. La causa analiza, entre otros elementos, reuniones, contactos y decisiones administrativas que habrían favorecido a determinadas empresas en concursos de obra pública.
Según los autos judiciales y los escritos de la Fiscalía, Rogasa y su filial Rehac se encuentran entre las sociedades incluidas en la investigación por su posible participación en ese entramado. Sin embargo, hasta la última actualización judicial relevante, en noviembre de 2022, cuando la Audiencia Nacional acordó la apertura de juicio oral contra CDC, el PDECat y numerosos exdirigentes y empresarios, no existe una sentencia firme que condene específicamente ni a Juan Luis Romero Gamero ni a las empresas del grupo Rogasa por estos hechos.
Varias personas sentadas en mesas en el parque de Les Glòries (Barcelona)
Túnel de Glòries
Entre los contratos adjudicados a Rogasa durante aquella época se incluyen las obras para supervisar la edificación de uno de los túneles de la plaza de las Glòries, el mayor proyecto de construcción tramitado durante la etapa de Xavier Trias como alcalde de Barcelona.
Junto a un pool de empresas, fue escogida para el proyecto de soterrar uno de los carriles con más tráfico de la ciudad debajo de la plaza de las Glòries, con un presupuesto que ascendió a 60 millones de euros. El gobierno local de CDC adjudicó el contrato a toda velocidad en febrero de 2015, apenas tres meses antes de las elecciones municipales.
Inicialmente, la obra debía entrar en funcionamiento antes de mayo de 2017. El resultado fue estrepitoso: la corporación de Ada Colau rescindió la adjudicación en abril de 2017, cuando las obras ya acumulaban un sobrecoste del 60 %. La finalización del proyecto no se produjo hasta 2021.
'Imperio' familiar
Parece que el imperio de la familia Romero Gamero no se limitaría a la construcción. Fuentes cercanas a la familia aseguran: “Son los propietarios de medio Sant Boi y todos los hijos tienen negocios por la ciudad”.
Según estas mismas fuentes, el legado de la familia es visible en distintos puntos del municipio, aunque el escándalo también les habría seguido hasta su entorno más cercano. De acuerdo con esta versión, uno de los hijos de Juan Luis Romero habría sido detenido por estafar a diversos clientes en un concesionario del que era propietario en la misma ciudad.
Sin embargo, Crónica Global no ha podido comprobar la veracidad de esta información. Ante las preguntas de este medio, Rogasa no ha querido contestar.