Albert Rivera, sobre la vivienda: “En España hay un grave problema con la oferta, se necesitan 200.000 viviendas más al año”

España se enfrenta a lo que los expertos consideran un grave problema con la vivienda. Sin embargo, la clave para entender esta crisis no reside en las narrativas populares que abogan por la intervención de la demanda.

“Contrario a muchos discursos populistas, el verdadero desafío en España es un grave problema de oferta, y la solución no pasa por limitar o intervenir la compra de viviendas o la propiedad privada”, asegura el catalán Albert Rivera.

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Además, el expolítico español, explica que la magnitud del déficit habitacional es contundente: “España requiere, aproximadamente, 200.000 viviendas más al año de las que actualmente se están construyendo”. Esta cifra, lejos de estabilizarse, está destinada a incrementarse en los próximos años debido al sostenido aumento de la población y la inmigración.

Esta falta estructural de oferta se ve afectada por la rigidez del sistema regulatorio y urbanístico español. Rivera insiste en que el actual urbanismo no ofrece los mecanismos flexibles necesarios, dificultando gravemente la solución al problema.

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Además, alerta de que, si la situación persiste, especialmente con un millón de personas llegando al país anualmente y una población de 50 millones de habitantes, el precio de la vivienda continuará subiendo desgraciadamente.

Mientras muchos se enfocan en medidas como controlar los precios, establecer más impuestos o intervenir la demanda, la vía efectiva para afrontar la crisis pasa por la liberación y la protección.

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La gran polémica de la vivienda

Para el catalán es fundamental la necesidad de agilizar “la liberalización del suelo y la construcción de más viviendas”. Asimismo, es fundamental bajar la presión fiscal sobre la vivienda, ya que España ostenta la carga impositiva más alta en este sector de toda la Unión Europea (UE).

Un pilar fundamental para la confianza en el mercado y para la reactivación de la oferta es "la protección de la propiedad" privada, que se considera sagrada en cualquier democracia, Estado de derecho y economía de mercado. Es imperativo proteger tanto a los inquilinos como a los propietarios.

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Resulta inasumible en un Estado de derecho permitir que “una vivienda sea ocupada y que el desalojo de los okupas tarde meses e incluso años, vulnerando así los derechos fundamentales del propietario”. La indefensión ante la ocupación provoca una pérdida de derechos para el individuo y una pérdida para la propia sociedad y el Estado.

Aunque la solución al déficit de vivienda no se logrará en un solo año, la inacción solo agravará una crisis que no solo afecta a las generaciones actuales, sino que impactará de manera aún más crítica a las próximas generaciones. Albert Rivera, como parte de este observatorio, subraya la urgencia de cambiar el enfoque de la política de vivienda hacia el aumento decidido de la oferta.