Vicenç Hernández, CEO de Tecnotramit: "Nadie se atreve a hablar de burbuja, pero ya la estamos viviendo"

Vicenç Hérnandez, CEO de Tecnotramit, busca soluciones debajo de las piedras. El acuciante panorama de la vivienda en Cataluña genera preocupación entre la ciudadanía, urgencia en la Administración y desasosiego en el sector privado. Todo ello, ante una burbuja que, a su juicio, cada vez se agranda y expande en un momento donde las hipotecas aumentan.

El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cambra de Comerç de Barcelona aboga por buscar soluciones intermedias, como maximizar la incentivación a los propietarios para sacar más viviendas al mercado o mejorar el transporte público para facilitar el alojamiento fuera de los centros urbanos. Un reto que analiza con Crónica Global.

Blackstone, Patrizia o Azora están acelerando la desinversión de activos en Cataluña porque creen que hay una excesiva regulación. ¿Qué significa para el ciudadano de a pie que se vayan?

El término "buitre" tiene un aspecto peyorativo. Más allá de que yo no los defiendo, no hay que olvidar que son fondos que durante mucho tiempo han hecho un trabajo muy importante para la economía española. Dicho esto, sí, concentran poder, pero la solución no es amargarles la vida. Estos fondos ofrecen oferta en un mercado donde ahora falta. Se toma como una gran noticia que los "especuladores" se vayan, pero esto tiene ramificaciones muy negativas para la economía, desde la visión reputacional hasta la práctica, ya que nos falta oferta profesionalizada, y esto no va a ayudar. Un gran tenedor debería tener una fiscalidad más dura y debería tener incentivos para alquilar a jóvenes, no te digo que no, pero de ahí a demonizarlos y que se marchen... No da una buena imagen de Cataluña.

La Generalitat propuso la creación de un registro de grandes tenedores, cuando en Cataluña varía con respecto al resto de España. Los expertos advierten de que hay demasiadas dudas al respecto, ¿la ley nace con dificultades?

No es un problema que haya un registro de grandes tenedores, igual que hay un registro de administradores de fincas o registradores de la propiedad inmobiliaria. ¿Cuál es el problema? La Generalitat, empezando por la ley de Vivienda y con un tema tan sencillo, como es la definición de un gran tenedor o de una zona tensionada, ya genera dudas desde el ámbito jurídico. Quieren mejorar la situación, con la mejor de las intenciones, pero la propia norma es dudosa. Para eso, es mejor no hacer nada.

Las medidas que afectan a los pisos turísticos parece que incentivarán la inversión hotelera. ¿Es esta la solución?

En un mercado tiene haber siempre equilibrio: hoteles y pisos turísticos. Los hoteles, que sabemos que por lo general son más caros, afectarán al número de turistas y, al mismo tiempo, estamos a favor de la regulación de los pisos turísticos. Pero una cosa es regular, y otra es, aprovechando esa bandera, hacer una intervención brutal. El mercado de la vivienda debe ser equilibrado, pero para que haya alquiler tiene que haber un propietario, que parecen ser los malos ahora. Sin ellos, no habrá gente que pueda acceder a un alquiler y tampoco puede hacer una compra. Más allá de que la ley guste más o menos, está mal planteada desde un punto de vista estratégico.

Medidas para equilibrar al propietario e inquilino

Vayamos a medidas concretas.

Lo primero es incrementar la oferta, que es escasa frente a la alta demanda. El Govern de Illa ha hablado de construir 40.000 pisos, pero llevamos muchos años oyendo esto. No se hace en dos días y la demografía seguirá subiendo. Aparte de esto, hay que hacer otras cosas, como favorecer al propietario que quiere alquilar para que no se sienta indefenso, ofreciéndole más incentivos, sobre todo para alquilar a colectivos con menores recursos o jóvenes. Estos incentivos deben estar equilibrados con los derechos reconocidos del arrendatario. Otra medida: hay que ser muy drástico con la okupación y la inquiokupación. La propiedad no es la responsable de la función social de la vivienda; esa es una responsabilidad pública. 

Como miembro de la primera Comisión de Vivienda de la Cámara de Barcelona, que cumple un año, ¿qué conclusiones han sacado y en qué están trabajando actualmente?

Desde la comisión, lo vemos desde un punto de vista más transversal: no solo son construir pisos o políticas fiscales. Hay que hablar de infraestructuras y medios de transporte.

No debería haber problemas en que alguien viva en Terrassa y trabaje en Barcelona, pero no puede ser que tarde tres horas en ir de una ciudad a otra. La expansión en Madrid, por ejemplo, ha sido fácil, pero hay un problema orográfico en Barcelona, que está rodeada por montaña, mar y dos ríos. 

Así que, desde la Cambra, estamos trabajando para que la periferia del cinturón gane protagonismo. Hacemos un esfuerzo para tener una comisión de vivienda muy multidisciplinar y transversal, con abogados, economistas, administradores de fincas, arquitectos y expertos en vivienda social, entre otros.

Estamos elaborando un informe basado en la accesibilidad de la vivienda en el área metropolitana Barcelona, a publicar en el último trimestre. El objetivo es ofrecer una visión transversal del problema, entendiendo que el aumento de precios es una consecuencia y buscando las raíces del problema. Dará mucho que hablar.  

Con Collboni, sin muchos cambios

Desde el sector inmobiliario, ¿ha mejorado el diálogo con el Ayuntamiento de Barcelona tras el cambio de legislatura?

Ha habido algo de mejora. Con el gobierno anterior de [Ada] Colau estaba al frente de los APIS [agentes de la propiedad inmobiliaria], pero solo escuchaban a los del Sindicat de Llogaters, que están subvencionados por el propio ayuntamiento. No nos escuchaban. Ahora, con [Jaume] Collboni, hay un acercamiento, pero las políticas, quitando alguna cosa muy concreta, son estructurales. No hemos notado mucho cambio.

¿Se refiere al 30% de la vivienda protegida? 

El problema de la vivienda requiere una visión estratégica a 20 o 25 años. Si cada gobierno cambia las normas, como ocurre en educación o en sanidad, no se logra una política coherente. La opinión es muy subjetiva, pero hay números. Montaron lo del 30%. Ahora bien, gracias a esa norma, ¿cuántos pisos de obra social se construyeron en el mandato? No llegaron ni a 60. Si el sector privado y los resultados muestran que no funciona, ¿por qué no pruebas otra cosa? Ese es el problema con los políticos actuales, tienen una manera de hacer y no la cambian. Desde la sociedad civil, seguimos luchando para que nos escuchen. Desde mi puesto en la Cambra, o antes como presidente de la APIS, estamos al servicio de la Administración pública para ayudar a que las decisiones que tomen sean las mejores para el conjunto.

La futura burbuja inmobiliaria

El número de hipotecas ha subido en 2025. ¿Qué sensación hay en el sector?

La gente ve que el alquiler es muy complicado, por lo que están dispuestos a hacer un esfuerzo para comprar. Psicológicamente, estamos en una fase expansiva del ciclo inmobiliario; los precios han subido mucho, y esto lleva a la gente a adelantar las decisiones de compra por miedo a que suban aún más, lo cual retroalimenta la burbuja. Hay que ir con cuidado. Nadie se atreve a hablar de burbuja, pero hay que considerar que la situación que estamos viviendo es lo que, técnicamente, se llama una burbuja. No tiene nada que ver con la de 2008 y, el día que explote, no lo hará de la misma forma. Pero, dados los precios y las circunstancias macroeconómicas, estamos en ella. Si quieres la estabilidad de un país, necesitas una clase media ancha que, con sus esfuerzos y problemas, pueda vivir relativamente bien. Lo que pasa con el precio de la vivienda es que expulsa a mucha de esta gente. Por tanto, cuidado. 

Como doctor en Psicología Económica, ¿cómo valora esta situación?

El factor psicológico y emocional es fundamental en los mercados. La aceleración de compras, por ejemplo, ocurre por el miedo a precios más altos, aunque no siempre sea racional. Los bancos, por su parte, están siendo más cautos con la concesión de créditos. El factor emocional tiene una incidencia fundamental.

A vueltas con la OPA

Es vicepresidente de la Asociación Española de Externalización de Procesos y Servicios, ¿cómo les afecta la OPA del BBVA sobre el Sabadell?

Nuestra asociación agrupa a empresas de servicios que trabajan para compañías financieras e inmobiliarias, donde los bancos son clientes importantes. Más allá de eso, creemos que la OPA es una mala operación para la economía española en general. No es bueno que se estreche la oferta de productos y servicios financieros, ni que se pierda un buque insignia, como es el Sabadell, sobre todo las pymes, que no dejan de ser el tejido productivo de este país. Al final, será lo que quieran los accionistas, pero para nosotros no es la mejor noticia. 

¿Qué opina del concepto de 'tecnofeudalismo'?

El término tecnofeudalismo me parece una mezcla de conceptos muy diferentes. Explica que menos gente será propietaria de más terreno o inmuebles, lo que no es bueno. La solución pasa por políticas de vivienda que permitan a todos, si quieren, tener acceso a una. Me parece un vocablo que suena bien, pero, si rascas un poco, su relación es algo confusa.