El nuevo revés al avance de la energía renovable en Cataluña tendrá consecuencias desde el punto de vista empresarial y, por ende, bajo el prisma inversor. A la espera de conocer en profundidad el desenlace de la iniciativa que la Generalitat se ha visto obligada a frenar en el Parlament por falta de apoyos para su aprobación, el ámbito corporativo recuerda que los compromisos de inversión tienen fecha de caducidad.
Es decir, que terminan por decaer, como será el caso del Decreto-Ley 12/2025 aprobado por el Govern para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico, si el marco normativo en el que pretenden desarrollarse no dibuja un horizonte claro, estable y predecible.
No se trata de un disparo al aire ni de un brindis al sol. Fuentes del sector energético señalan a Crónica Global que uno de los objetivos de la normativa aprobada por la Generalitat a comienzos del pasado junio es evitar escenarios de renuncias masivas a proyectos renovables, como las que se han dado en los últimos meses.
La industria calcula que en el corto plazo los inversores han desistido de unos 70 proyectos debido a que la ausencia de claridad normativa ha hecho insostenible su financiación.
Instalación de paneles solares
Los cálculos apuntan a que estos proyectos que se han quedado por el camino suman unos 800 megavatios (MW), equivalentes a la potencia de un reactor nuclear como el de Santa María de Garoña, en Burgos, ya en proceso de desmantelamiento.
Para hacerse una idea de las magnitudes que se han quedado sin realizar, baste también señalar que el volumen de potencia equivale aproximadamente al 7% de la capacidad instalada de energía eléctrica en Cataluña. Las inversiones necesarias para acometer los proyectos a los que los promotores han tenido que renunciar rondarían los 900 millones de euros.
Agilización frustrada
Precisamente, uno de los elementos más relevantes del Decreto-Ley cuya convalidación ha sido retirada esta semana del Parlament es la capacidad que pretende otorgar a los promotores para transmitir las autorizaciones previas.
De este modo, llegado el caso de que el promotor inicial no pudiera mantener los compromisos de inversión, tendría la posibilidad de traspasarlos a otros con mayor capacidad financiera antes de obtener las autorizaciones definitivas.
Un sistema dirigido a evitar que las tramitaciones tuvieran que iniciarse desde el principio, lo que contribuye a hacer aún más extenso el retraso que arrastra Cataluña en cuanto al desarrollo de la red de energías renovables.
La actuación pretendida por el Govern que lidera Salvador Illa tiene como base agilizar los trámites del cerca del centenar de proyectos de almacenamiento que actualmente se tramitan en Cataluña. En su conjunto, aportarían cerca de un gigavatio de capacidad de almacenamiento al sistema en el territorio.
En el caso de que se confirme que la iniciativa no puede salir adelante, la suerte de ésta se asemejará a la de los citados proyectos renovables, que se han quedado por el camino.
Aragón, gran favorecida
En este punto, los promotores están encontrando alternativas para las inversiones no muy lejos de Cataluña. En concreto, en la vecina Aragón, que ya ha sido capaz de atraer varios grandes proyectos de almacenamiento energético. Todo ello, en el contexto de la carrera por el desarrollo de los centros de datos, uno de los negocios del futuro, incluso ya del presente, en la que Cataluña también se está quedando muy atrás.
"Lo que no va a ocurrir en ningún caso es que la inversión se detenga. Si las empresas no pueden hacerla en Cataluña, será en otra demarcación", señalan en fuentes próximas a uno de los grandes operadores.
Central nuclear Ascó
Además de perder cada vez más terreno en el avance de las renovables, de la descarbonización de la economía y de la lucha contra el cambio climático, Cataluña también afronta un futuro más que incierto, en el contexto del proceso de cierre de las centrales nucleares.
Un marco que sigue adelante y que, junto al escaso desarrollo de la red renovable, pone en cuestión la seguridad del suministro en una Comunidad Autónoma notablemente dependiente de las nucleares. No en vano, el 60% de la electricidad consumida en 2024 tuvo este origen, en contraste con el poco más del 20% que arroja el dato correspondiente al conjunto de España.