Ada Colau, Jèsssica Albiach y el ministro Ernest Urtasun, en la Asamblea Nacional de comuns en 2024
La justicia entierra el dentista público de Colau en Barcelona y aboca a desmantelarlo
El TSJC rechaza el recurso especial de casación del ayuntamiento y confirma el fin del odontólogo municipal
Da la razón al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) y condena en costas a la Administración local
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enterrado el dentista municipal que ideó la alcaldesa Ada Colau en Barcelona. El tribunal ha desestimado el recurso especial de casación presentado por el ayuntamiento contra la anulación dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2024.
Con ello, la máxima instancia judicial de Cataluña pone fin al odontólogo público que diseñó la exalcaldesa Ada Colau de la mano de la concejal Gemma Tarafa, otro peso pesado de Comuns Sumar. Y obliga a desmantelar el sistema.
Desmantelamiento del dentista municipal
Así lo han detallado fuentes internas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Crónica Global, precisando que se ha desestimado la impugnación especial instada por la Administración local. Y lo que es más: condena en costas al ayuntamiento y a la sociedad municipal Foment de Ciutat.
A preguntas de este medio, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) ha confirmado el fallo. Lo siguiente es desmantelar el servicio de dentista pagado con dinero municipal.
Eso sí, se estima que la reorientación de la estructura deberá hacerse con el sector privado.
Gemma Tarafa, exconcejal de Salud del Ayuntamiento de Barcelona
Extralimitarse
El dentista público fue uno de los proyectos estrella de Colau al frente del consistorio barcelonés.
El plan, iniciado en 2019, era ofrecer servicios odontológicos a toda la ciudadanía -no solo a las personas con menos recursos- entre un 10% y un 40% por debajo del precio de mercado.
Invasión de competencias
Sin embargo, el COEC recurrió el proyecto con el argumento de que el ayuntamiento carecía de competencias para implementarlo.
El TSJC acordó medidas cautelares que posteriormente levantó. Aunque, después, en mayo de 2021, el juzgado contencioso-administrativo número 7 de Barcelona anuló el proyecto.
El proceso judicial continuó hasta que en octubre pasado el Supremo confirmó la anulación, que ahora se ratifica con la desestimación del recurso presentado por el consistorio al TSJC.
Cuatro tribunales
De este modo, la iniciativa se ha topado con cuatro revolcones judiciales en otras tantas instancias: primera, mercantil, TSJC y Tribunal Supremo.
La litigación la han asumido los servicios jurídicos municipales, por lo que ha sido costeada con dinero de la caja común.
