El presidente de Caixabank, Tomás Muniesa (izq.), y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar / CAIXABANK
La paradoja del castigo fiscal del Estado a su participada Caixabank, cuya rentabilidad triplica la del Ibex
La entidad financiera es la más penalizada por el impuesto especial al sector, que ha detraído unos 870 millones de euros a sus beneficios en los últimos dos años
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La particular relación entre Caixabank y el Estado ha vivido un nuevo capítulo, en el marco de la junta de accionistas de la entidad financiera. El banco ha vuelto a enviar un recado al Gobierno a cuenta del impuesto especial al sector, que apareció en escena con carácter provisional y amenaza con quedarse, además, corregido y aumentado.
A la hora de las votaciones en la asamblea, el turno le ha correspondido al Estado, en forma de voto negativo al incremento de la remuneración del consejo. Una actuación disruptiva el primer año que el FROB se incorporó al capital de Caixabank, tras la fusión con Bankia, pero que ya se ha convertido en un clásico.
En los últimos dos ejercicios, Caixabank ha abonado unos 870 millones de euros en concepto de la mencionada figura fiscal. Su remodelación para darle continuidad supondrá un coste de unos 1.500 millones adicionales para los próximos tres años, en los que se desarrollará el nuevo plan estratégico de Caixabank.
La entidad es la más penalizada por este impuesto debido a su condición de ser el mayor banco de los que operan en España. El hecho de que el nuevo diseño del impuesto incorpore el factor de la progresividad, en función de los ingresos de las entidades, acrecienta la factura para la entidad que preside Tomás Muniesa.
María Jesús Montero
Tanto es así que el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, aseguró el pasado año que el impuesto debería incorporar la denominación de 'tasa Caixabank'.
La paradoja viene dada por la circunstancia de que Caixabank es la segunda participación del Estado en empresas cotizadas en función de su valoración. Y, además, la más rentable de los últimos años con diferencia.
A precios actuales de mercado, la participación del FROB en Caixabank se sitúa en torno a 8.375 millones de euros. Hace poco más de cuatro años, cuando se hizo efectiva la fusión con Bankia y se ejecutó el canje de acciones acordado por los consejos de administración de ambos bancos, el paquete de acciones que el Estado mantenía en este último estaba valorado en algo menos de 2.000 millones de euros.
Por medio, una revalorización del 325%, que traducida a valores absolutos presenta una cifra de unos 6.400 millones de euros.
1.300 millones en dividendos
A esta cantidad cabe sumar los más de 1.300 millones de euros que el Estado ha percibido en concepto de dividendos de Caixabank desde la aprobación del primer plan estratégico del banco tras la fusión, en mayo de 2022.
Y también los más de dos puntos porcentuales en que se ha incrementado la participación pública en el banco, producto de las amortizaciones de los títulos adquiridos por la entidad en las sucesivas recompras de acciones llevadas a cabo también desde la aprobación del plan.
El presidente de Caixabank, Tomás Muniesa (izq.), y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar / CAIXABANK
En su discurso ante los accionistas, Muniesa también hizo alusión a lo rentable que ha sido para cualquier accionista de la entidad formar parte del capital, especialmente durante el periodo de vigencia del primer plan.
Con datos de Bloomberg citados por el presidente de la entidad, el retorno global durante este tiempo ha sido del 170%, algo más de tres veces la registrada por el Ibex 35 en el mismo periodo, que ha sido del 51%. Y también muy superior al 77% del índice sectorial EuroStoxx Banks.
Con todo, fue el consejero delegado el que dejó el recado más directo al Gobierno, como ente encargado de gestionar el Estado: el beneficio de Caixabank no cae del cielo. Pero lo que sí cae como una losa es el impuesto a la banca; sobre todo el sector pero, en especial, sobre la entidad más rentable para el propio Estado.
