Roger gasta gran parte de su tiempo libre en tratar de salir del atolladero al que le ha sumido la quiebra de GrowPro. Tras semanas de papeleo, la conclusión es tajante: "Si no vuelvo a pagar, seré deportado de Australia".
Él es uno de los al menos 600 estudiantes afectados en todo el mundo por la bancarrota de la agencia valenciana de estudios en el extranjero. Españoles, chilenos, argentinos o colombianos que confiaron en la empresa de Goiko Llobet para tramitarles los visados de estudiante en siete países distintos.
Goiko Llobet, CEO y fundador de GrowPro
A 17.000 kilómetros
El tema es serio. La escuela de Roger en Brisbane (a más de 17.000 kilómetros de su lugar de residencia en Cataluña, Les Borges del Camp, Tarragona) no ha recibido el dinero que este depositó en la entidad australiana CommBank. 2.800 dólares canadienses (algo más de 1.700 euros) que debían permitir que siguiera cursando inglés en la ALS International House.
No obstante, el centro le ha advertido de que, si no paga dicho importe de nuevo, cancelará su curso y dará aviso a los servicios de inmigración del Gobierno australiano. Situación que comparte con otros tantos compañeros.
"No tenemos la culpa de que GrowPro se haya ido a pique, pero la escuela tampoco. También lo entiendo", explica Roger desde la resignación. Transfirió el dinero el 7 de febrero, dos semanas antes de que la empresa comunicara su hundimiento y pidiera a los estudiantes que hicieran los pagos directamente a los centros.
Roger podría verse obligado a abandonar Australia y volver a Cataluña por la bancarrota de GrowPro
Comunicaciones de crédito y denuncias a los Mossos
"Ahora, a esperar para ver si tenemos manera de recuperar ese dinero", remata el joven, de 26 años. Algo que está en manos del administrador concursal. En España, es Insolvenza SLP quien valida cada movimiento, tutelado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia.
A ese mismo juzgado se ha dirigido Marc (23 años) para que conste su deuda. Pagó en noviembre 1.900 euros para hacer las maletas desde el centro de Barcelona hacia Gold Coast, ciudad al este del país de los marsupiales. Ahora, el tiempo corre en su contra, por lo que ha contactado con otras agencias que le permitan retomar los trámites.
Verónica confió en la hoy quebrada GrowPro para viajar a estudiar a Australia
A Verónica, le deben el mismo importe. "Yo no me voy hasta septiembre, por lo que no he dejado mi trabajo", explica aliviada, comparando su situación con la de otros afectados, más delicada. Mientras, desde Vilanova del Camí (Barcelona) cruza los dedos para recibir de la escuela por la que aplicó la confirmación de que tienen su dinero y no se perdió por el camino.
Esta joven, de 30 años, ha puesto una denuncia en los Mossos d'Esquadra. Y como Marc, valora sumarse a una demanda colectiva que aún debe tomar forma.
¿Es una estafa?
Albert Bosque, abogado que asesora al grupo de españoles afectados en los que se encuentra un familiar, advierte que "no es tan fácil" acreditar una estafa, a pesar de ser esto lo primero que señalan todos los afectados.
"Hay insolvencias que son punibles en lo penal, pero si se ha gestionado mal el negocio sin voluntad de engañar, podría no tener la consideración de estafa, sin perjuicio de que pueda conllevar una responsabilidad civil del administrador y los socios de la mercantil hacia los acreedores afectados".
La ópera de Sydney, en Australia
El letrado señala que "lo más importante es comunicar el crédito al administrador concursal y estudiar qué otras vías legales existen" a posteriori. Pero "hay gente que, movida por un escaso conocimiento legal, ha puesto denuncias individuales que seguramente tendrán poco recorrido", augura.
Preguntado por qué pagos son más fáciles de recuperar, aclara que "los créditos que se hayan desembolsado cuando la empresa ya estaba en causa de insolvencia, podrían llegar a recuperarse en el seno del procedimiento concursal", pero "dependerá de lo que acontezca en la tramitación de aquel proceso".