Cambios en el transporte sanitario. El poderoso Grup Pujol, una de los conglomerados de referencia en la zona de Lleida, ha reforzado al Consorci de Transport Sanitari de Catalunya (CTSC) en Girona después de hacerlo en Lleida. El Consorci es una de las empresas que opta al gran contrato de traslado de pacientes de la región, que está a semanas de fallarse.
Lo ha podido saber este medio de fuentes cercanas a la operación, que han precisado que Grup Prefabricats Pujol ha entrado en el accionariado de la unión temporal de empresas (UTE) con la que CTSC opta al lote de Girona-Maresme, dotado con 278,3 millones de euros.
Refuerzo en los dos lotes
De este modo, Prefabricats Pujol --con una facturación anual superior a los 1.300 millones de euros-- se suma al segundo territorio en el que el Consorci quiere gestionar el transporte urgente y no urgente.
Como explicó este medio, las dos empresas ya se unieron en Ponent, donde se presentarán conjuntamente para proyectar un hub sanitario. Ahora, esa alianza también se producirá en el segundo de los lotes.
"Experiencia, visión y economía"
Voces cercanas a la operación han destacado que la entente sirve para que el CTSC gane la "experiencia, visión estratégica y capacidad económica" del grupo leridano.
Desde el perímetro de la integración recuerdan que Centre Mèdic Pla d'Urgell ha iniciado proyectos como Avantmèdic Lleida, dispositivo privado excelente en esta zona de Cataluña.
Sostén financiero
En el plano financiero, el acuerdo entre las dos firmas aporta "capacidad técnica", insisten las fuentes consultadas, amén de una "sólida base financiera".
Esto último es importante porque los aspirantes a operar lotes del concurso de transporte sanitario de Cataluña deben presentar cuantiosos avales para optar a los mismos. Ello favorece a los grandes grupos y a las alianzas de empresas, con una tesorería más fuerte.
A punto de fallarse
En efecto, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) está a punto de abrir el sobre técnico de la gran licitación de transporte de pacientes, que movilizará más de 2.000 millones de euros en siete años.
Con ello, las empresas que optan a ser contratistas --once tras la exclusión de la madrileña Santa Sofía-- quedarán ordenadas y, salvo sorpresa en el resto del procedimiento, ya conocerán qué opciones tienen.