Alerta máxima por presuntas irregularidades en la macrolicitación de recogida y tratamiento de residuos en la Comunidad de Madrid, que es el mayor concurso público de España en estos momentos, con 1.000 millones de euros en juego.
La Mancomunidad de municipios del Noroeste, con Colmenar Viejo (PP) en la presidencia, encargó una evaluación de ofertas a expertos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), pero "no se produjo ni una sola reunión" con la mesa de contratación.
Lo han detallado fuentes cercanas a la adjudicación, que por ahora ha ganado Urbaser, explicó El Español. Pero es que el procedimiento ha tenido claroscuros y no la limpieza que se le espera por su tamaño. La mesa de contratación de la Mancomunidad encargó un estudio de evaluación de ofertas a la UAM, pero los expertos "no se reunieron ni una sola vez" con el organismo licitador.
Fundación de la UAM: "No hubo reuniones"
Lo ha admitido en conversación con este medio Jaime Cuevas, coordinador de expertos de la UAM, quien ha reconocido que "no hubo reuniones" entre los consultores y la mesa de contratación. Según el también profesor, la Mancomunidad encargó una valoración a un grupo de expertos vinculados al Máster de Gestión de Residuos de la UAM, y el contrato se vehiculó por medio de la Fundación de la universidad.
"No hubo reuniones con la mesa de contratación ni se ha tomado decisión alguna en relación con el concurso", ha subrayado Cuevas a Crónica Global.
En manos de la Mancomunidad
La falta de encuentros expertos-mesa ha sorprendido al sector, máxime cuando se trata de una licitación de gran cuantía económica. En cualquier caso, la adjudicación final a Urbaser, propiedad de Platinum Equity, dependerá de la Mancomunidad, presidida por el popular Carlos Blázquez, presidente y alcalde de Colmenar Viejo.
Contenedores de basura en Colmenar Viejo
Este medio ha preguntado al organismo supramunicipal si obra en poder de indicios de irregularidades. No ha obtenido respuesta. Fuentes cercanas al procedimiento han indicado que se ha presentado una alegación. El escrito aún no habría recibido respuesta.
Los alcaldes, parte del patronato de la FUAM
Mientras la mesa de contratación delibera, hay más dudas sobre la limpieza del concurso. Es sí porque el propio Carlos Blázquez es miembro del patronato de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Como son los primeros ediles de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Miraflores de la Sierra. Los munícipes, pues, han sido en cierta manera juez y parte con el presunto análisis independiente de las ofertas.
Fidel Rodríguez, director general de la FUAM, niega que haya "incompatibilidad o conflicto de interés" con el encargo, que se vehiculó por medio de contrato menor a la Fundación. Según el directivo, "los alcaldes son parte del patronato desde hace tiempo, pero en calidad honorífica, sin voto, y desde hace décadas". En conversación con Crónica Global, Rodríguez ha subrayado que los políticos --también los que han licitado el contrato-- "no intervienen en la parte ejecutiva de la Fundación". Bajo su punto de vista, pues, los ayuntamientos --miembros de la FUAM-- no tienen voz en el trabajo diario" del brazo filantrópico de la universidad.
Empresas aspirantes colaboran con la Universidad
Pero es que hay más dudas. Porque algunas empresas aspirantes a ganar la licitación millonaria participan en la UAM lo que, según algunas fuentes, lamina la independencia de este centro universitario en este asunto. Lo han corroborado diversos interlocutores en conversación con este medio. Fidel Rodríguez lo defiende, indicando que la Ley Orgánica del Sistema Universitario "fija en su artículo 60 que los grupos de investigación pueden colaborar con instituciones públicas o privadas aportando conocimiento científico".
Por su parte, Jaime Cuevas tampoco ve choque de intereses. "Hay multitud de empresas que colaboran ofreciendo prácticas externas a los estudiantes del Máster", defiende. Bajo su parecer, estos acuerdos UAM-empresa "quedan en el marco de los convenios educativos", sin mayor impacto sobre el profesorado que valoró la ofertas que presentaron estas mismas firmas al concurso de la Mancomunidad.
El uso "torticero" de Vertidos Cero
Hay otra arista sospechosa. Dos de los profesores de la UAM que elaboraron el informe, Estíbaliz López y Javier Miranda, aparecieron como miembros de la oenegé Vertidos Cero. Este hecho provocó la dimisión de Vicente Galván, vicepresidente de esta entidad. "La asociación no puede ser responsable de ese informe porque a mí nadie me pidió permiso", denuncia a este medio. Galván, que también es ex director general de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, alerta de que "pidió explicaciones por el uso torticero del nombre de la asociación, y cuando no me la dieron, dimití".
El experto en sostenibilidad, muy reconocido, advierte de que la operación de evaluar la licitación de residuos de la Mancomunidad por parte de sus compañeros "ha sido muy opaca". Por este hecho y para evitar verse "salpicado", cesó voluntariamente.
"Lo firmamos a título individual"
La salida fulminante del expresidente de Vertidos Cero no inquieta a la asociación. Nely Carreras, aún presidenta, precisa que "el informe lo firmaron expertos a título individual". Vertidos Cero, pues, "no dio permiso a nadie" para avalar un informe que valorara las ofertas para la macrolicitación. Lo que es más, Carreras asegura que desde la UAM "se ha avisado a la mesa de contratación de que no pueden utilizar el nombre de Vertidos Cero, y se ha reconocido el error y se ha enmendado".
Una actividad de limpieza de residuos de Vertidos Cero
En cualquier caso, la alto cargo enfatiza que el dictamen técnico "no puede chocar con los estatutos de la asociación porque se elaboró por dos de ellos a título individual". A preguntas de este medio, tanto Estíbaliz López-Samaniego como Javier Miranda, los dos profesores y miembros de Vertidos Cero que han participado en la valoración del macroconcurso, han insistido en que su tarea fue "a título personal".
Urbaser, ganador, colabora con la UAM
Los dos académicos también aseguran que su informe técnico es compatible con su rol de profesores. "Es una manera de que la universidad participe en la sociedad", defiende López-Samaniego. Aunque Urbaser, el ganador del concurso de residuos de la Mancomunidad participa en la UAM por medio de convenios [como este], la investigadora no ve incompatibilidad "porque se examinaron los currículums de los participantes".
Pero desde el punto de vista de la también consultora, "nuestra colaboración como expertos en este asunto no es única, lo hacemos con muchas entidades, instituciones, la misma ONU o la Fiscalía en caso de investigación de posible delito ambiental".
Un descargo "para evitar responsabilidades"
Sin embargo, y a modo de prevención, tanto Estíbaliz López-Samaniego como Javier Miranda han firmado un documento de autoinculpación. En el escrito, consultado por este medio, los dos expertos "descargan de responsabilidad" a Vertidos Cero y se atribuyen la valoración de ofertas supuestamente independientes junto a los otros cinco expertos. Lo hacen "para evitar malentendidos y responsabilidades" que puedan afectar "a la entidad de la que somos miembros".
Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo y presidente de la Mancomunidad
De este modo, tratan de proteger la neutralidad de las decisiones de la mesa de contratación, que les citó como miembros de la asociación sin que se hubiera pedido permiso para ello. El organismo licita, de hecho, estaba intervenido por un funcionario de la Comunidad de Madrid, a diferencia de externalizaciones anteriores. Desde el entorno de la mesa han asegurado que se hizo así "por la incapacidad" de la Mancomunidad de fallar una asignación pública de este tamaño.
La mayor concesión de España
Sea como fuere, todas estas sombras sobrevuelan la titánica licitación, que es la mayor de España por cuantía, con 1.000 millones de euros en juego. A la misma se han presentado Urbaser, ganador por ahora; FCC y Acciona; Valoriza, Prezero y Paprec y Segapol y Espinas Hidráulicas. Ninguna empresa ha querido comentar las anomalías a Crónica Global. Pero las irregularidades están presentes, al menos en forma de alegación a la mesa de contratación, indican las fuentes consultadas.
Sobre el papel, la concesión, que abarca a los 34 municipios de la Mancomunidad, será a veinte años, con un resultado operativo de 252 millones de euros. La rentabilidad para las empresas empezará a partir del décimo año. Inicialmente, las obras de la construcción de la estación ambiental se preveían para 2025, pero las dudas en torno a la ecuanimidad de la adjudicación podrían hacer descarrilar el proceso y, con ello, retrasar el calendario.