La edad en la que los jóvenes se pueden emancipar del domicilio familiar asciende a los 30 años en la última década. Del mismo modo, los propietarios menores de 35 años se han reducido a la mitad, también en el mismo período de tiempo. Así lo demuestra el último estudio de la cátedra conjunta entre la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en la que se evidencian los problemas de acceder a una vivienda, a la par que se compara a España con el resto de países del Viejo Continente.
El constante aumento del precio del metro cuadrado; salarios que se sitúan por detrás de muchos países europeos un escenario de alta temporalidad en los contratos o la falta de vivienda protegida son algunos de los ingredientes que conforman el "cóctel perfecto", para que la población joven española lo tenga mucho más difícil que antes para irse a vivir por sí misma.
A la cola de Europa
La edad media de emancipación en España ha subido de los 28 a los 30 años, en la última década. El estudio pone de manifiesto que la cifra es superior a la media de la Unión Europea (UE), donde se sitúa en los 26 años en la actualidad.
Del mismo modo, la tasa de jóvenes que se van a vivir fuera del domicilio familiar, y cuyas edades se comprenden entre los 30 y los 34 años, se ha reducido en cuatro puntos: del 74% al 70% en la última década. En la UE, este mismo indicador está en 10 puntos por encima.
Vivienda pública
Uno de los aspectos más importantes que se recalcan es que "los problemas de emancipación juvenil están ligados con la situación estructural del mercado de la vivienda". Por lo tanto, el estudio aboga por "una mayor oferta de viviendas públicas y privadas, tanto de alquiler como de propiedad, en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas".
Adicionalmente, también ponen el foco en el aspecto económico de la vivienda. En este caso, apuntan a soluciones como una "fiscalidad coherente": facilitar préstamos por más del 80% del valor del inmueble, reducciones de impuestos en nuevas viviendas o fomentar una copropiedad en la que el Estado tenga el 20% de la titularidad son algunas de las cartas que se ponen encima de la mesa.
Un bloque de pisos sociales en Barcelona
Desplome en la oferta
¿Por qué se aboga por una mayor oferta de vivienda de protección oficial (VPO)? De acuerdo con las cifras que proyectan, España en 1997 disponía de 85.028 inmuebles de este tipo.
Sin embargo, 2017 fue el año en el que se marcaron mínimos, con 4.938 propiedades calificadas en este tipo. Esto se propició por la venta de las construcciones que en su día estuvieran protegidas, sumado al porcentaje del 2,5% de nueva construcción destinada al uso social, mientras que la media de la UE es considerablemente superior, con el 10%.
Precios de los alquileres
Un escenario es el de la compraventa. Otro, el de los alquileres. El estudio destaca que, ante la falta del acceso a vivienda en propiedad, la población joven ha apostado por el arrendamiento. Sin embargo, esto ha propiciado un "efecto rebote" en el precio.
"Entre 2015 y 2024 los precios de alquiler han aumentado casi el 53% acumulado, mientras que en este mismo periodo la renta per cápita en Cataluña ha descendido más de diez puntos porcentuales", lamentan. No obstante, la emancipación todavía tiene un ingrediente más que añadir: el sistema laboral.
Edificios de viviendas en el barrio barcelonés de Poble-sec
El trabajo
Los problemas de emancipación se relacionan con el acceso a la vivienda. Pero también están conectados con otros aspectos del propio sistema. En el documento, los autores lamentan el escenario reciente en el que España se ha visto inmerso, en el cual la temporalidad laboral y los sueldos bajos han sido los protagonistas. No obstante, también arrojan luz en el asunto, y aclaran que "la última reforma laboral parece apuntar en la dirección correcta".
En este sentido, ponen de manifiesto el estado actual del empleo, así como la evolución que ha experimentado en los últimos años. En España, el porcentaje de contratos temporales en 2018, en relación al total era del 26,81%. Esta cifra ha descendido al 17% en 2023. No obstante, aunque pongan en valor lo que ha conseguido la última reforma laboral, también sueltan un jarro de agua fría: "aun así, no ha conseguido acabar con la precariedad laboral".