Así lo explica este instituto en un análisis hecho público este viernes, en el que recuerda que la buena gestión de las empresas públicas en España depende de diversos factores que certifican su eficiencia, transparencia y alineación con el interés general. Y cita, entre ellos, un modelo de gobernanza sólido, la responsabilidad social, ambiental, la buena gobernanza y avanzarse a los retos de futuro.
Infraestructuras y bienestar
El presidente del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, aseguró en este contexto que “las empresas y entidades públicas desempeñan un rol crucial en varios sectores, contribuyendo de forma decidida al desarrollo económico, las infraestructuras y el bienestar social en España”. Entre las empresas públicas, la organización destacó el Museo del Prado, por su compromiso cultural y por impulsar el conocimiento, conservación y difusión de sus obras, ya sea con exposiciones en otros puntos como por ofrecer visitas virtuales de la mano de proyectos con un elevado componente en innovación.
Además, en el ámbito económico, señaló el Puerto de Barcelona, por “su desempeño de la Autoridad Portuaria para afianzar Barcelona como el principal ‘hub’ logístico del Mediterráneo, que lo convierte en “un enclave estratégico: referente en volúmenes de tráficos, pasajeros, diversificación de mercancías, así como ejemplo de puerto intermodal, sostenible e inteligente”.
Uno de los mejores hospitales
En la esfera social y de la salud, figura el Hospital Universitario La Paz, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, y el Hospital Clínic de Barcelona. La Paz encabezó el listado de centros españoles de referencia entre los mejores del mundo, según World's Best Hospitals publicada por la revista Newsweek, ocupando el puesto 46 a nivel internacional. Este indicador pone de relieve su posicionamiento en reputación y el rendimiento de los hospitales entre países.
Por otra parte, el Instituto Coordenadas recoge el esfuerzo del gestor aeroportuario Aena que, con carácter semipúblico, sobresale por su objetivo de cero emisiones netas con diez años de antelación a lo previsto en su Plan de Acción Climática, pasando de 2040 a un ambicioso horizonte de 2030. Por último, Sánchez Lambás reclamó a las empresas y a las entidades públicas “someterse al escrutinio público y a mecanismos de control continuado” porque “es esencial para la mejora de unos servicios que vertebran el Estado del bienestar”.