Cataluña irá a las urnas con el tope a los alquileres ya en vigor, aunque la aplicación precipitada de esta medida antes de las elecciones catalanas, avanzadas por el president Pere Aragonès al próximo 12 de mayo, plantea dudas jurídicas. La publicación oficial de la regulación para limitar las rentas en base a la nueva ley de vivienda que aprobó el Gobierno se prevé este viernes, después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana retrasase unos días este trámite para irritación de la Generalitat.
Se espera que la medida entre en vigor de forma inmediata pese a que las prisas para aplicarla antes de los comicios autonómicos levanta argumentos jurídicos en contra. También preocupa al sector inmobiliario, que reclamaba dejar esta cuestión para después de las elecciones.
Fuentes de la Consejería de Territorio señalan que "el Govern quiere que entre en vigor ya", en referencia al índice de precios que dictará a partir de ahora cuánto cuesta un piso en la comunidad y que, según Idealista, distorsionará el mercado.
En manos de Moncloa
Si bien hay entendimiento entre ambas Administraciones sobre la necesidad de frenar los precios de los arrendamientos, ya que Cataluña es la única región que ha pedido acogerse ya a la ley de vivienda en un momento en que Barcelona ha batido un nuevo récord histórico de precios, desde el Ejecutivo autonómico se precisa que la fecha de publicación "depende del ministerio". Por su parte, desde Madrid añaden que sigue "todo adelante" como estaba planeado.
Desde el sector inmobiliario se reclamaba que se retrasase la contención del alquiler hasta después de la jornada electoral. Argumentan que con el Parlament disuelto, el president no tiene la suficiente autoridad para sacar adelante una política de este calado. Sin embargo, desde el Ejecutivo central se contraargumenta que "ellos siguen teniendo un Gobierno ordinario hasta que se convoquen elecciones".
Aprobado con grietas legales
Asimismo, las fuentes consultadas en el ministerio indican que este viernes el BOE publicará dos resoluciones ministeriales, el índice de precios de referencia -que ha recibido seis alegaciones, ninguna aceptada- y las zonas tensionadas de la Generalitat de Cataluña.
La Generalitat publicó este jueves en su diario oficial (DOGC) una modificación, rubricada por la secretaria catalana de Vivienda, Marina Berasategui, a su resolución con las poblaciones tensionadas, dando un plazo de un mes para recurrirla.
Que el Ejecutivo autonómico subsanase esta declaración, presentada el pasado agosto, era "un paso que resultaba necesario", según el Gobierno central, para declarar zona tensionada 140 municipios catalanes. Fuentes jurídicas aseguran que "hasta que no sea firme la resolución, no deberían publicarlo o, como mínimo, ponerlo en vigor".
"Hasta que el ministerio no publique, no puede entrar en vigor", indica el mismo interlocutor, que subraya que "esta resolución puede ser recurrida, por lo que, en puridad, tendrían que esperar el mes para que fuese firme". Un plazo que difícilmente va a agotarse antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dadas las prisas expresadas por el Govern de ERC, socio de investidura de Pedro Sánchez, acentuadas ahora por la convocatoria electoral.
"No está legitimado"
Esta hoja de ruta se aleja todavía más de los planteamientos lanzados desde el sector inmobiliario, que reclama regular sin prisas y con el foco en resolver el problema real, la falta de oferta de pisos. Alquiler Seguro pidió este jueves al Ministerio de Vivienda la suspensión temporal de la declaración de zona tensionada para el alquiler de viviendas en Cataluña, al estar la comunidad en periodo electoral y el Gobierno autonómico en funciones.
La compañía del sector argumenta que la ley de vivienda está prevista para los escenarios donde las instituciones están funcionando con regularidad y "no bajo un proceso electoral", señalando que, según la normativa, la aplicación de una zona de mercado tensionado "tiene sentido que se aplique" con un Gobierno autonómico "plenamente constituido".
Alquiler Seguro considera que el actual Govern en funciones de la Generalitat "no está legitimado para tomar una decisión tan importante". Y reitera su preocupación al no saber quién gobernará en la comunidad, debido a que "supondría una hipoteca para un futuro Gobierno que no esté de acuerdo con esta medida".