A juicio. El prestigioso colegio Agora Barcelona Internatiional School irá a los tribunales en julio por una demanda de familias de alumnos, a las que se cobró las cuotas casi íntegras durante los meses de confinamiento y educación a distancia en 2020, cuando el coronavirus golpeó a España. 

Han informado de ello fuentes judiciales, que han informado de que un juzgado de Rubí (Barcelona) ha señalado para el 4 de junio de 2024 la vista contra la escuela de élite. Enfrente tendrán a unas 15 familias que denunciaron a la institución por cobrarles "casi íntegras" las onerosas mensualidades de los alumnos entre marzo y junio de 2020, cuando el virus llegó al país y la enseñanza fue solo online. 

Dos causas

Cabe recordar que el pulso por las cuotas de 2022 afecta a dos centros de Agora. El de Sant Cugat, que irá a juicio en junio, y el de Sant Esteve Sesrovires. Esta segunda causa se falló en primera instancia, con una sentencia favorable al colegio. Eso sí, los denunciantes han recurrido. 

Queda por dirimir el segundo procedimiento, el de Rubí. La queja es la misma: que se pasaran las mensualidades a las madres y padres casi al 100% pese a que el nivel de educación había bajado mucho a causa de la educación online. 

Una sentencia de Madrid avala sus pretensiones

Pese a esa primera resolución judicial contraria, las familias alertan de que otras salas han fallado a favor de los padres. En Madrid, por ejemplo, un juzgado declaró "resuelto" el contrato de un estudiante con la celebrada Universidad Europea porque la pandemia tocó España. 

Ese criterio judicial convence a los demandantes, a los que asesora el despacho Cabrera & Prieto Abogados, de que hay mimbres para ganar también en Sant Cugat. 

La patronal se negó

Cabe recordar que esta demanda contra Agora, no fue única. El malestar de las familias se repitió en una decena de escuelas de prestigio a lo largo y ancho de Cataluña.

Pero las instituciones se cerraron en banda y cobraron las cuotas casi en su integridad, alegando que sus finanzas estaban en peligro. Recibieron el apoyo de la patronal Escoles Privades Independents de Catalunya (EPIC), que se apoyó en un informe jurídico para alegar que no se debían descontar los cargos mensuales, pese a que las clases habían mutado a distancia.