AstraZeneca, en colaboración con el Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (CRES-UPF), ha celebrado la primera edición del I European Forum. Speeding up innovation to patients. Un acto que ha reunido a representantes de la administración sanitaria y entidades del ámbito de la economía y la salud para reflexionar sobre los retos y oportunidades para acelerar la llegada de la innovación a los pacientes en España y el resto de Europa.
Cuando un nuevo medicamento es autorizado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), cada Estado miembro de la Unión Europea (UE) lleva a cabo un proceso propio para incorporarlo a su sistema de salud. Y, pesar de que el derecho comunitario establece que este plazo no debe superar los 180 días, normalmente se sobrepasa en la mayoría de países.
En el caso de España, desde que la EMA aprueba un tratamiento hasta que se encuentra disponible para los pacientes transcurren una media de 629 días, según el último informe anual Indicadores de Acceso a Terapias Innovadoras en Europa 2022 (W.A.I.T. Indicator).
Retraso en el acceso a medicamentos
El doctor César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, ha destacado que el retraso en el acceso a los medicamentos es un problema global, y ha hecho un llamamiento a la “colaboración entre los distintos países europeos para encontrar soluciones conjuntas, hacer frente a un problema común y trabajar para hacer más sencillo el proceso de evaluación e introducción de nuevos fármacos. Es necesario hacer el sistema más eficiente y sostenible y analizar todo el sistema en su conjunto para encontrar las vías que nos permitan mejorar tanto la evaluación terapéutica como la evaluación económica”.
Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno, ha subrayado la necesidad de que “los sistemas de salud comprendan el gran valor que aporta la inversión en avances científicos y tecnológicos para mejorar la salud de la población, reducir la carga asistencial y configurar un modelo sociosanitario más eficiente y sostenible. Durante la pandemia vimos que cuando hay un compromiso compartido para hacer frente un problema de salud pública es posible acelerar la introducción de medicamentos innovadores”.
Nuevos fármacos
En la jornada han participado representantes de diferentes países europeos, que han compartido algunas prácticas que se están llevando a cabo para acelerar la introducción de nuevos fármacos. En el caso de Alemania existe un sistema por el que se da acceso de manera inmediata a los nuevos medicamentos desde que son autorizados por la EMA mientras se decide la financiación, un plazo que dura una media de 128 días.
En España, para autorizar un nuevo medicamento se atiende especialmente a su utilidad terapéutica y su grado de innovación, además del impacto presupuestario. En este sentido, representantes de la administración pública de Madrid, Andalucía y Cataluña han planteado diferentes propuestas para armonizar y favorecer la equidad en el acceso a la innovación en todo el territorio y hacer más eficiente el sistema sanitario, apostando por el impulso de la medicina de precisión, la colaboración público-privada y la consolidación de un registro de pacientes común para generar conocimiento y reducir incertidumbre en la evaluación de los medicamentos.
Asimismo, una de las cuestiones que ha centrado el debate ha sido el tiempo de protección de la innovación. La propuesta de la Comisión en materia de protección de los medicamentos innovadores reduce el tiempo actual de 8 a 6 años, añadiendo una serie de condicionantes. Esta reducción puede conllevar una limitación del acceso a nuevos fármacos por parte de los pacientes europeos.
Algunos expertos han recordado la necesidad de trabajar unidos para que esta nueva legislación alcance su objetivo de garantizar un acceso equitativo y oportuno para todos los pacientes. Y, a su vez, que incentive la innovación farmacéutica y proteja a todos los actores de la cadena del medicamento, tanto públicos como privados.
Para ello, los participantes han coincidido en que es necesario fomentar el diálogo y la confianza entre todas las partes implicadas para dar respuesta a las necesidades del sector de la salud y, sobre todo, integrar la perspectiva del paciente en todas las decisiones políticas.