Un juzgado de Vilafranca del Penedès (Barcelona) investiga por presunto fraude a Hacienda a la empresa que vendió 35 millones de euros en material sanitario al Gobierno catalán. La sala ha abierto diligencias por un supuesto desfalco al fisco tras una querella de la Fiscalía, un caso que la firma recuerda que es "antiguo" y que ya está "regularizado".
Según ha avanzado El Periódico, el togado centra sus pesquisas en dos personas: el empresario Josep Maria Parellada y su hijo, Roger Parellada. Lo hace por el presunto impago a la autoridad tributaria después de la operación de venta de material a la Generalitat de Cataluña en primavera de 2020, en el cénit de la pandemia.
"Antiguo y regularizado"
¿Qué dice la empresa? A preguntas de este medio, el entorno de Basic ha admitido que hubo un primer diferencial de 255.550 euros al liquidar los ingresos con Hacienda. Pero esa diferencia se regularizó durante la revisión, zanjando el caso civil.
Pese a ello, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) derivó el caso a Fiscalía "por apenas 13.000 euros de intereses de demora". Es lo que ahora lo ha llevado al juzgado de Vilafranca. Es pues, un caso "antiguo" y que la firma ya ha "regularizado", sin que haya más mimbres de posible delito penal.
Antifraude investigó
Lass pesquisas de la primera instancia llegan después de que la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) lanzara y culminara su propia investigación sobre la venta de fungibles a la Administración autonómica
En un informe motivado, Antifraude criticó la falta de garantías de la operación, la vio "temeraria" y propuso alguna corrección al Gobierno regional. Asimismo, derivó el caso a la autoridad fiscal, como informó entonces el ente en una nota de prensa.
Venta al ICS
El núcleo del conflicto es un aprovisionamiento de material sanitario que hizo el Instituto Catalán de Salud (ICS), que dirigía entonces el exconseller Josep Maria Argimon. El proveedor sanitario público encargó 35 millones a la mercantil Basic Devices SL en mascarillas y otros fungibles el 19 de marzo de 2020.
Corrían los primeros días del coronavirus en España y las administraciones se afanaban en conseguir protección antipandémica. El ICS acudió a Basic Devices, con conexiones en Singapur, donde sí había material porque el Covid-19 golpeó primero a China. Le firmó un adelanto de 35 millones de euros.
Una denuncia por estafa retirada
Pero el equipo de Argimon no se fiaba de Basic y, de hecho, llegó a presentar una denuncia por estafa ante un juzgado de Barcelona. El ICS recibió más garantías y acabó retirando la querella.
El material acabó llegando, entre una gran escasez en todo el territorio nacional, y una guerra fratricida entre administraciones por las referencias antipandémicas para proteger a la población.