Tal día como hoy hace justo seis años, el miércoles 7 de junio de 2017, la banca española sufrió una de sus quiebras más sonadas: la del Banco Popular. La entidad, fundada en 1926, acabó arruinada y dejando a miles de accionistas afectados, siendo finalmente absorbida por Banco Santander por un precio simbólico de un euro.
El hundimiento de la entidad dio paso a un largo litigio judicial, dadas las reclamaciones de los damnificados por la compra de acciones de la ampliación de capital de 2016. Y es que hasta 300.000 particulares acabaron perdiendo su dinero por ello.
Larga instrucción
Tras una larga instrucción durante años, el magistrado José Luis Calama tiene que decidir ahora si continúa por los trámites del procedimiento abreviado o bien si opta por archivar la causa. Una opción que parece haber ganado adeptos en las últimas fechas tras la petición de dos de los auditores de PricewaterhouseCoopers implicados en el caso, José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio.
A través de un escrito, presentado el 26 de mayo, Sanz Olmeda y Barrio argumentan que la resolución y posterior venta del Banco Popular por un euro -a pesar de tener un patrimonio de 11.000 millones de euros en activos- se debió sobre todo a la mala gestión de la comunicación corporativa durante la presidencia de Emilio Saracho.
Esta circunstancia supone un giro en la estrategia de defensa de PwC, que se alinea con la tesis de que el Banco Popular tenía un problema de liquidez, pero no de solvencia, según aduce la defensa de Ángel Ron, al frente de la entidad con anterioridad.
Informes de PwC
Los auditores de PwC se apoyan en el último informe de la consultora presentado ante la Audiencia Nacional. Según éste, las cuentas del Banco Popular de 2015 y 2016 "expresaban la imagen fiel y cumplían siempre con la normativa", y sus estados financieros se habían elaborado "de acuerdo con las normas contables aplicables en cada momento".
Según esta pericial, los informes de PwC, la consultora encargada de coordinar las auditorías de las cuentas anuales de la entidad entre 2009 y 2015, fueron "sin salvedades" ya que, tanto la información financiera de la ampliación de capital como la de las cuentas de 2016 fue "completa".
Atribuyen la fuga de depósitos a filtraciones
PwC se exculpa ahora de las acusaciones y pide que se cierre la causa en su contra ya que, según su último escrito, los auditores actuaron de forma correcta y diligente. Según el informe, los auditores no tuvieron capacidad de decisión sobre las ampliaciones de capital aprobadas.
Sanz Olmeda y Barrio intentan escudarse en las filtraciones a medios de comunicación realizadas tras la llegada de Saracho a la presidencia del Banco Popular, en sustitución de Ángel Ron. Los auditores destacan una noticia del 11 de mayo de 2017, que informaba acerca de la contratación de JP Morgan y Lazard por parte de Saracho para iniciar la venta urgente del banco, en riesgo por la salida masiva de depósitos. Desde PwC creen que estas filtraciones fueron decisivas en el descalabro de la entidad.
Sea como fuere, la investigación sigue su curso.