El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña ha revivido en su último informe el debate sobre los peajes en la red viaria de alta capacidad. El organismo vinculado a Foment del Treball ha defendido la implantación de un sistema de pago por uso que debería extenderse a todo el Estado y a todo tipo de vehículos, no solo los pesados, y que serviría para mantener y descongestionar autopistas como la AP-7.
La arteria que cruza Cataluña de punta a punta volvió a convertirse en una ratonera el pasado fin de semana debido al levantamiento de las barreras de pago que han saturado la infraestructura. Además, en el último año se ha convertido en la vía con más muertes en la comunidad.
"Quien usa paga"
El consejo ya formuló esta propuesta en su primer documento de trabajo publicado en enero de 2018 y titulado Las vías de alta capacidad: la urgencia de un nuevo modelo de gestión. Pero en estos cinco años no se ha logrado suficiente consenso político ni a nivel nacional ni autonómico para la definición de este modelo, como ha reconocido el presidente del organismo, Joaquim Llansó.
El principio defendido por el ente se resume en la frase "quien usa paga y quien contamina paga". Se trata de uno de los leitmotiv de las políticas medioambientales de la Unión Europea y que, como ha subrayado Llansó, forma parte de las obligaciones asumidas por el Gobierno para acceder a los fondos europeos.
El nuevo presidente del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, Joaquim Llansó
Mandato europeo
"Lo más justo es que quien use pague", ha resumido el ingeniero, quien ha confiado que la presión de las autoridades europeas logre desbloquear esta medida.
El esquema de pago por uso se distingue del de la viñeta, que no tiene en cuenta la distancia recorrida por cada automovilista. La tarificación de las carreteras optimizaría la regulación del tráfico, mitigaría los perjuicios medioambientales y permitiría a los conductores ganar en comodidad y seguridad.
Pago por satélite
Aunque la propuesta del Consejo de Infraestructuras implicaría la imposición de una tarifa o tasa no sería necesario reintroducir las casetas de cobro. Se podrían ensayar alternativas más innovadoras como el "pago por sistemas por vía satélite".
En su informe, la entidad no detalla qué precios por kilómetros y tipología de vehículo deberían abonarse, ni tampoco hace un inventario de las vías afectadas. Sí plantea que la estructura tarifaria debería regirse por criterios de equidad y proporcionalidad que permitiesen recuperar tanto los costes de la infraestructura como las externalidades provocadas por los usuarios.
Atasco en la AP-7 / EP
Colaboración público-privada
Llansó ha recordado que las carreteras del conjunto de España atesoran un déficit de mantenimiento valorado en unos 9.000 millones de euros. Por tanto, la tasación de la red de alta capacidad debería servir para cubrir progresivamente este déficit.
Por otro lado, el consejo ha considerado que la gestión público-privada sería la más idónea para desplegar este modelo. Aunque con garantías: "Esto exigiría la elaboración de pliegos precisos que fortalezcan la seguridad jurídica y la evolución de la infraestructura y que inspiren la confianza que ha de existir entre las partes para un proyecto compartido a largo plazo".