La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales previstas para fin de año al próximo 23 de julio ha causado una cierta sorpresa en el ámbito empresarial, en cuyos presupuestos no figuraba precisamente un elemento añadido de incertidumbre poco después de mitad de año. El fantasma de esa incertidumbre cobra fuerza en un círculo que ha elevado la voz con frecuencia ante la falta de visibilidad.
En la gran empresa se contemplaba como posible un vuelco electoral como el que se ha producido en las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado domingo. Sin embargo, una consecuencia tan impactante no entraba en los planes de casi nadie.
Más allá de un posible cambio de signo político en el Gobierno central, lo que más inquieta de esta situación es el periodo de indefinición que puede abrir una contienda electoral anticipada con un resultado que no despeje el panorama y que prolongue un escenario de incertidumbre.
En la memoria de los altos ejecutivos aún perduran los casi diez meses de Ejecutivo en funciones que se dio en 2016, cuando el ajustado recuento de las generales celebradas a finales del año anterior derivó en un bloqueo a la hora de formar gobierno que provocó una repetición de elecciones. E, incluso, anduvo cerca de contemplar una tercera cita con las urnas en menos de 12 meses.
Precedentes cercanos
Aunque menos prolongada, la situación se repitió tres años después, cuando el propio Sánchez disolvió anticipadamente las Cortes y convocó elecciones apenas nueve meses después de sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy y convertirse en el inquilino de la Moncloa.
Por entonces, la falta de apoyos para sacar adelante unos Presupuestos que ya iban con retraso motivó otra situación de interinidad que igualmente incluyó un periodo de Gobierno en funciones y una nueva consulta electoral, cuya resolución no se vio plasmada en una investidura hasta los primeros días de 2020.
Inseguridad jurídica
A lo largo de la segunda parte de la presente legislatura, las relaciones entre la gran empresa y el Gobierno se ha deteriorado de forma notable y una de las principales causas ha sido, precisamente, una serie de decisiones de calado adoptadas por el Consejo de Ministros que han modificado el escenario sin apenas tiempo para la reacción y de las que las compañías han tenido constancia demasiado tarde.
Uno de los elementos que más se ha repetido en los últimos meses ha sido la ya célebre inseguridad jurídica, que se encuentra en la base de los recursos que los principales jugadores de sectores tan importantes como del financiero y el energético han elevado a la Justicia contra las nuevas figuras impositivas aprobadas por el Gobierno para gravar los supuestos resultados extraordinarios que las compañías habrían obtenido gracias al entorno de elevada inflación en el que se ha desarrollado la actividad económica desde mediados de 2021.
Un argumento que también manejó en primera instancia Ferrovial cuando expuso a los mercados los motivos que le han llevado a trasladar su domicilio social a Países Bajos. Aunque después el grupo de construcción y concesiones lo matizó, en alusión a posibles errores de comunicación, el mensaje ya había sido captado por la comunidad inversora.
Aunque aún es demasiado pronto para pronunciarse y la prudencia que siempre caracteriza las opiniones empresariales se ve en estos casos corregida y aumentada, lo cierto es que un posible escenario de bloqueo tras la consulta electoral aparece con nitidez en el radar de los organismos donde se toman las decisiones corporativas.
Escenario predecible
A raíz de los citados choques con el Ejecutivo, los altos ejecutivos han recordado en numerosas ocasiones durante comparecencias públicas que las grandes inversiones requieren de entornos con la máxima visibilidad posible, predecibles y estables, toda vez que, en muchos casos, se trata de apuestas a largo plazo.
“En el caso de que la situación se resuelva pronto y se forme Gobierno en un plazo razonable, el adelanto sería incluso positivo en tanto en cuento eliminaría algunos meses de indefinición. Pero un ámbito prolongando de mandato en funciones o la construcción de otro Ejecutivo débil, con necesidad de equilibrios imposibles para mantenerse en el poder, complica en demasía el panorama”, apuntan desde una entidad financiera.
Trámites pendientes
Otro factor que genera inquietud en la gran empresa es el futuro de trámites que están pendientes del trámite parlamentario y que sufrirán un considerable retraso, entre los que se encuentran diversos elementos de la reforma de las pensiones y la aprobación de la figura del defensor del cliente financiero.
Por el momento, ni el resultado electoral del 28M ni la reacción de Sánchez han tenido una repercusión palpable en los mercados.