Destapan posible prevaricación en el concurso de ambulancias de Cantabria

Un desliz sindical ha aflorado posible prevaricación en la licitación de las ambulancias de Cantabria, en la que están en juego 47 millones de euros. Un error de comunicación de la parte social ha revelado posible trato de favor del Servicio Cántabro de Salud (SCS), lo que ha incendiado al sector, que pide "transparencia e igualdad de condiciones" para evitar una corrupción que ya salpica a la obra pública regional. 

El escándalo arrancó hace justo un mes, cuando USO, el sindicato mayoritario en el transporte de pacientes de Cantabria, se reunió con la Consejería de Sanidad para informarse del proceso de adjudicación iniciado, y en el que están en juego 47 millones de euros. Tras el encuentro, la plataforma desgranó lo hablado en el cónclave, pero cometió un error: deslizó que el Departamento "veria con mejores ojos" la empresa que se presente "a los dos lotes": el transporte urgente y el programado o no urgente. 

Rectificación inmediata

La metedura de pata resultó de calado, detallan fuentes del sector. La aseveración de USO indica que el Gobierno autonómico otorga trato de favor a algunos licitadores frente a otros por su tipo de oferta. Eso se produce, en su opinión, antes incluso de que se abran las propuestas técnicas que ha presentado cada uno. "Podrían --subrayan desde la industria-- constituir mimbres para un delito de prevaricación", que es dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que ésta es injusta o contraria a la ley. 

El desliz del comunicado sindical de USO y la rectificación posterior / CG

Quizá por ello, la Consejería se dirigió a las pocas horas al sindicato para que corrigiera el escrito. La propia USO destacó al día siguiente, 3 de marzo, que "una empresa opte a ambos lotes [del concurso] no implica ningún tipo de beneficio, así era antiguamente, pero a día de hoy no conlleva beneficio alguno". 

Presión con las dos ofertas

Este medio ha preguntado tanto al Gobierno cántabro como a USO qué significaba ese escrito y esa matización posterior. No ha recibido respuesta. Fuentes del sector sí han contestado, recordando que "los concursos públicos deben ser siempre y sin excepción, limpios". La existencia de posibles "buenos ojos" o trato de favor para con un licitante "es equivalente a un delito", sobre todo teniendo en cuenta de que las ofertas ya se habían entregado y se estaban evaluando. 

Pese a que el proceso ya está iniciado, desde la industria recuerdan por qué el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla (PRC) podría tener interés en puntuar mejor a unas empresas que a otras. "Si solo te presentas a un lote, tu fuerza es tu propuesta y precio. Si te presentas a los dos y en uno de ellos eres el único candidato, que es el caso en Cantabria, puedes presionar con retirarte y dejar el lote desierto y complicarle la existencia al Gobierno. Licitar en los dos, pues, te da poder de presión", argumentan. 

En marcha

En este contexto de fuertes reticencias, el equipo de Raúl Pesquera, consejero cántabro de Salud, ha arrancado el procedimiento de valoración de ofertas. El 29 de marzo, antes de Semana Santa, se recibió el informe de los técnicos sobre las ofertas presentadas por cada empresa. Se espera que tras la pausa primaveral se publique la resolución del análisis técnico. 

Eso sí, de nuevo, desde el sector se alerta de que existen fugas de información sobre "posibles valoraciones ya decididas". Ello agrega más reservas sobre la equidad del concurso, que ha cobrado importancia en el global nacional porque dobla el presupuesto de la licitación anterior: son 47 millones de euros a dos años. 

Escándalo en la obra pública

Si finalmente se sustanciarian las sospechas de posible mala praxis, ello sería el segundo gran escándalo que encaja el gabinete regional de Revilla. Cabe recordar que la Policía Nacional y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) desarticularon en febrero una trama de presunto fraude en la contratación en obra pública. Hubo ocho detenciones y diversos registros, incluida una entrada en la Consejería de Obras Públicas. 

Una imagen de archivo de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria

Desde entonces, la polémica no ha hecho más que crecer al conocerse que hasta 23 empresas podrían haber estado vinculadas a la estructura supuestamente criminal. El 3 de marzo, el presidente regional cesó a José Luis Gochicoa, consejero del ramo. Le ha sustituido Jezabel Morán, que ha tomado posesión con varios dosieres bajo el brazo, aunque el más apremiante es demostrar que el escándalo en la consejería se ciñó a un solo funcionario sobre el que se sospecha que se enriqueció adjudicando obra pública a cambio de mordidas.