La Generalitat se plantea volver a buscar financiación en los mercados de deuda, casi 11 años después de la última emisión, en un escenario en el que los costes se están disparando en las principales economías por el efecto de la subida de los tipos de interés que están decretando los bancos centrales.
Sin ir más lejos, el bono español a diez años, empleado como referencia en los mercados, ha elevado su rentabilidad en el secundario algo más de 300 puntos básicos desde finales de 2021, cuando las perspectivas de alzas del precio oficial del dinero aún eran inciertas.
Alzas de 300 puntos básicos
El rendimiento del activo se sitúa en estos días en torno al 3,5%, aunque pocos días antes se aproximó al 3,8%; al cierre de 2021, la rentabilidad no superaba el medio punto porcentual y venía de presentar cifras negativas por primera vez en la historia.
Pese a este escenario, la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas ha asegurado que la Generalitat retomará las emisiones de deuda, para lo que ya ha entablado las preceptivas negociaciones con el Tesoro, que debe ser el que autorice finalmente la operación.
Seis años de tipos negativos
En el transcurso de una entrevista concedida al diario Ara, Mas ha precisado que la modalidad que baraja el Govern para retomar la actividad en el mercado de renta fija es la de los bonos ligados a objetivos de sosteniblidad medioambiental, comúnmente conocidos como bonos verdes.
En este largo periodo, algo más de una década marcada especialmente por la deriva separatista, con dos referéndums ilegales (2014 y 2017) y los adversos efectos económicos del procés, el mercado ha vivido una etapa inédita de costes de financiación en mínimos, con tipos reales en negativo durante cerca de seis años como consecuencia del débil incremento de la inflación.
Bloqueo
Sin embargo, los escenarios de tensión vividos en Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en otoño de 2017, consecuencia de la fallida declaración unilateral de independencia, ha bloqueado cualquier posibilidad de retomar emisiones en condiciones más que ventajosas.
La prueba es que durante los años, el Tesoro Público ha logrado rebajar el coste medio de la deuda a mínimos históricos, cómodamente por debajo del 2%.
Varios Mossos delante de contenedores quemados en la plaza Urquinaona durante la manifestación por el cuarto aniversario del 1-O / Lorena Sopêna (EP)
Además de la citada autorización, la Generalitat deberá calibrar el interés de los inversores, especialmente los internacionales, tras un largo periodo de inactividad y todo lo sucedido en torno al procés.
En este sentido, Mas afirma en la entrevista que Cataluña está “en muy buena disposición” para atraer inversores. Sin embargo, las cifras no avalan precisamente el optimismo de la Generalitat, dado el desplome sufrido por la inversión procedente del exterior en los últimos diez años, que contrasta con un notable incremento de la media del Estado en ese mismo periodo.
Fuga de empresas
La recuperación registrada en los últimos trimestres, consecuencia de la reactivación económica tras atravesar lo peor de la pandemia, no ha sido suficiente para volver a las cifras anteriores a 2019 en este episodio, un dudoso honor que Cataluña comparte sólo con otras cuatro comunidades autónomas.
Tampoco es la mejor de las señales el fenómeno de la fuga de empresas y la ralentización a la hora de registrar nuevas corporaciones en el territorio.
Armonización fiscal
Mas ha admitido que los actuales son tiempos de prudencia, debido al frenazo de la recuperación debido a la escalada de los precios, “pero también de valentía”.
La consellera insiste en la conveniencia de armonizar los impuestos por parte de los gobiernos autonómicos, al estimar que la situación actual deriva en una “competición” que provoca la destrucción de los servicios públicos.
En concreto, se ha referido a la Comunidad de Madrid, aunque la región que alberga la capital de España ha elevado durante los últimos años la recaudación pese a los recortes fiscales que ha aplicado.