Los recortes del Govern de Pere Aragonès en vivienda pública y social han generado rechazo en el sector inmobiliario. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (API) y el Colegio de API de Barcelona han censurado el tijeretazo de los presupuestos de 2023, que suponen una caída de inversiones del 26% con respecto al año pasado.
“En 2023 el presupuesto consolidado destinado a la política de vivienda y actuaciones urbanas es de 571,6 millones de euros un 25,7% menos respecto a 2022”, ha lamentado Carles Sala, portavoz de ambas entidades. "Si bien parte de esta reducción está argumentada por la disminución de los recursos finalistas de los fondos Next Generation, es sorprendente que un presupuesto que se ha anunciado expansivo en el ámbito social no compense en su totalidad dicha reducción", ha denunciado el representante del sector.
Carles Sala, abogado y exsecretario de vivienda del Govern / Flickr
172 millones menos
Los inmobiliarios han alertado de que la Agencia de la Vivienda de Catalunya, encargada de la vivienda social, verá reducido su presupuesto en 172 millones de euros. Por su parte, el Incasòl, ente inversor en vivienda pública, también pierde el 18% de los recursos de los que disponía en 2022.
Los API recuerdan que los nuevos presupuestos se alejan de la propuesta de destinar 1.000 millones de euros a políticas públicas de vivienda, tal y como se anunció al inicio de esta legislatura. Asimismo, el también exsecretario de Vivienda de la Generalitat ha esgrimido que "los presupuestos aprobados empiezan a desvelar que los fondos europeos han supuesto un maquillaje a las cifras destinadas a vivienda”.