Foment del Treball ha presentado este martes un grupo de expertos tributarios --un "G-50 tributario", como lo ha bautizado su presidente Josep Sánchez Llibre-- con el objetivo de aliviar la presión fiscal en Cataluña.
Este colectivo, integrado por 50 profesionales de la sociedad civil y del que no forman parte ni Pimec ni los sindicatos, da continuidad a las denuncias de la patronal sobre la elevada carga impositiva de los ciudadanos y empresas catalanes.
"Imaginación fiscal"
Durante los próximos meses, el grupo desarrollará sus propuestas en el marco de distintas comisiones y dará a conocer sus conclusiones en octubre.
En la presentación de la iniciativa, Llibre ha lamentado la "pérdida de competitividad" ocasionada por la "imaginación fiscal" del gobierno autonómico, que ya ha sacado adelante 15 figuras impositivas propias, como los que gravan las bebidas azucaradas y los establecimientos turísticos, y prepara otra para tasar las emisiones de las grandes embarcaciones. También ha criticado el exceso de imposición en los tramos o impuestos cedidos por la Administración General del Estado a la Generalitat.
Madrid como modelo
Por contra, el presidente ha puesto como ejemplo la política fiscal de la comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso, que no ha aprobado ni un solo tributo autonómico. "Pagamos muchos más impuestos que en Madrid, sufrimos un exceso de presión fiscal que no tienen los ciudadanos y empresas en Madrid", ha abundado Llibre.
Ha ejemplificado sus quejas con casos concretos: "Si un catalán compra una vivienda de segunda mano pagará un impuesto sobre transmisiones patrimoniales un 65% más caro que en Madrid. El tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF en Cataluña es un 23,5% superior al de Madrid, mientras que el tipo máximo es un 24% más elevado".
Impuesto a las grandes fortunas
Foment ha advertido que si no se revierte esta sobrefiscalidad, la captación de inversiones extranjeras y las mejoras en la competitividad de las empresas locales se resentirá en detrimento de otras comunidades.
Respecto al recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas promovido por la patronal, el portavoz empresarial ha reconocido que hasta la fecha no se ha producido ningún nuevo movimiento. Este recurso solo puede ser interpuesto por 50 diputados o senadores, presidentes de comunidades autónomas y presidentes de parlamentos autonómicos, y el plazo para hacerlo vence el próximo 28 de marzo. La Comunidad de Madrid sí presentó un recurso en base a sus propios servicios jurídicos contra el tributo del Gobierno.