El debate de un hipotético límite al precio de los productos de alimentación ante la escalada inflacionista que han protagonizado en los últimos meses ha derivado en un nuevo choque en materia económica entre los dos partidos que mantienen la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Al contrario de lo que sucediera con medidas fiscales como los impuestos a los sectores de banca y energía, así como a los grandes patrimonios, las posturas en este terreno están alejadas, como queda demostrado por las manifestaciones públicas de diferentes miembros del Consejo de Ministros.

La mayoritaria facción socialista es contraria a establecer una limitación de precios a las empresas de distribución al considerarla una medida demasiado arriesgada desde el punto de vista legal y que, con toda probabilidad, no haría sino hacer que se acumularan pleitos en contra del Estado, como ya ha sucedido con los diversos recursos presentados por las nuevas figuras tributarias citadas anteriormente. 

Consultas a Europa

Pero además concurre una circunstancia que ha terminado de perfilar la postura de la parte socialista del Ejecutivo en esta materia. Diversas consultas en Bruselas llevadas a cabo especialmente desde los ministerios de Asuntos Económicos y Agricultura han tenido como conclusión que la Comisión Europea se opondría con firmeza a una medida de este tipo, al entender que entraría en clara colisión con los principios de la Unión. 

Una posición muy diferente a la que encontró el Gobierno a la hora de establecer los impuestos a la banca y las energéticas por lo que consideraba beneficios extraordinarios que las empresas de estos sectores obtenían debido a circunstancias como la intensa subida de los tipos de interés y el notable encarecimiento de los precios de las materias primas.

Casos diferentes

Tanto es así que el propio Ejecutivo comunitario estableció un impuesto a las compañías energéticas, bien en cierto que con una estructura diferente, al gravar directamente los resultados y no los ingresos por actividad como en el caso español.

Sea como fuere, Bruselas se pronunció en repetidas ocasiones en favor de que la contribución de las empresas a las arcas públicas se incrementara aprovechado esta circunstancia, al menos hasta que el comportamiento de los precios volviera a estar en los objetivos del Banco Central Europeo.

Acusaciones de "saqueo"

Recientemente, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, advirtió de que una eventual intervención en el precio de los alimentos podría tener efectos negativos  medio plazo para los consumidores.

Por su parte, el titular de Agricultura, Luis Planas, rechazó de forma rotunda las acusaciones de algunos ministros de Unidas Podemos hacia las grandes cadenas de distribución de “estar forrándose” a costa de “saquear” a los consumidores. 

Competencia

En una reciente intervención de TVE, Planas apeló a los efectos de regulación de precios que trae consigo la libre competencia, en el sentido de que si los consumidores consideran demasiado elevados los precios en un establecimiento encontrarán a buen seguro otro cercano que los ofrecerá más baratos. 

A finales del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó una rebaja temporal del IVA super reducido que se aplicaba a los alimentos considerados de primera necesidad, hasta el 0%, además de una rebaja adicional para las pastas y los aceites, que han pasado de un tipo reducido del 10% al 5%. 

En este sentido, el dato de inflación de enero ha sido un tanto decepcionante porque apenas ha visto reflejado el efecto de estas medidas, aunque tanto el Gobierno como los expertos han incidido en que será necesario esperar algo más para que empiecen a llegar los resultados esperados.

No obstante, el hecho de que la rebaja haya llegado cuando la elevada inflación ya ha hecho mucha mella sobre la cesta de la compra y que alimentos que forman parte habitualmente de ésta como las carnes, los pescados y las conservas hayan quedado fuera de las medida gubernamentales minimizan su impacto con vistas al bolsillo de los consumidores.

Vigilancia con la CNMC

Por ahora, la postura de la mayoría del Gobierno es mantenerse vigilantes, con la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el traslado de las rebajas del IVA a los productos por parte de las cadenas distribuidoras. 

La última en manifestarse de esta forma ha sido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha recordado que mantener la inflación bajo control debe ser una “tarea compartida”.